LD (Pedro de Tena) Las condiciones de tal percepción se fijaron en un contrato firmado en mayo de 2002 como adenda incluida en el Acuerdo de Previsión Social Complementaria de diciembre de 2000 de la entidad, presidida formalmente por Isidoro Beneroso, que ya estaba siendo perseguido por el gobierno de Manuel Chaves, y que fue avalada por el Comité de Empresa representado por Comisiones Obreras.
Los beneficiados de este contrato fueron Juan Pedro Álvarez Giménez (director general) Fernando Faces García (director general gerente, ya jubilado), Alberto Alonso Lobo (director general adjunto) y José Manuel Giménez Fernández (secretario general) y siguen disfrutando de esa renta vitalicia pese a no prestar servicios a la caja. El contrato, además, les permite capitalizar la citada renta a voluntad. Además, la entidad de ahorro se obligaba a constituir una póliza de seguro colectivo de prestación a favor de esos cuatro directivos para asegurar la percepción y sin imputación fiscal para los beneficiarios. Esta póliza además recogería que en caso de fallecimiento del empleado en activo, sus beneficiarios recibirían las prestaciones previstas.
La revelación de este contrato ha llegado a manos del Banco de España, de la Junta de Andalucía, y de la Fiscalía mediante un escrito de denuncia del hasta hace pocas semanas subdirector general de Recursos Humanos de Cajasol, Alfonso Bermúdez, quien fue destituido de su cargo el 1 de abril pasado. En su escrito, de nueve folios, Bermúdez cuestiona la legalidad de esos contratos y afirma que los gestores de la entidad han incurrido en administración desleal y encubrimiento por no haber intentado anularlos. En este sentido, Bermúdez alude a informes jurídicos de asesores externos de la caja que apoyaban la irregularidad de esos pagos.