LD ( EFE) En una entrevista en Antena3, Corbacho respondió así al informe de Inverco que señala que la pensión que cobrarán los trabajadores que actualmente tienen 30 años será el equivalente a la mitad de su último sueldo. Respecto a la evolución del empleo en marzo, el ministro explicó que este mes volverá a aumentar el número de desempleados, aunque auguró que la destrucción de la afiliación a la Seguridad Social será menos agresiva que en meses anteriores.
No obstante, aunque este dato se confirmase, "no estaríamos al final del túnel", advirtió Corbacho, que mantuvo la previsión de que las medidas adoptadas por el Ejecutivo para paliar la crisis comenzarán a dar sus frutos en abril. Respecto a la reforma laboral, reiteró que ésta debe hacerse en el marco del diálogo social y apuntó que, apriorísticamente, lo que no hará el Gobierno es "identificar una reforma por decreto o unilateralmente" sin haber contado con la opinión de los agentes sociales.
Añadió que la reforma laboral no debe limitarse a recortes salariales si no que debe pasar por un cambio en el modelo productivo basado en la tecnología, la innovación y el diseño para ganar competitividad. En cuanto a las medidas estructurales anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Corbacho rehusó avanzarlas porque, explicó, las diseñan los equipos del presidente con los datos que les suministran los ministerios.
Corbacho recordó que la crisis no tiene su origen en conflictos laborales, si no en el sistema financiero sobre el que, subrayó, hay que reflexionar para evitar que "siga campando a sus anchas", a lo que añadió que, en su opinión, no deberían existir los paraísos fiscales.
Por otra parte, a los reclaman abaratar el despido, Corbacho les preguntó si estarían dispuestos a firmar que desaparezcan todos los contratos blindados que dan lugar a indemnizaciones millonarias por la extinción de contratos, como ocurre en el caso de la aseguradora estadounidense AIG.
"Me parece bien que Obama abra camino", señaló Corbacho en referencia a la lucha iniciada por las autoridades estadounidenses para impedir que los directivos de AIG que hundieron la firma cobren bonificaciones valoradas en 165 millones de dólares.