LD (EFE) El alza coordinada de los precios se produjo en coincidencia con la entrada en vigor de la Ley de mejora de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, que prohibía el redondeo e imponía la tarifación por segundos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha informado en una nota de prensa de que este expediente es fruto de la denuncia que presentó junto con otras asociaciones en febrero de 2007, a raíz del anuncio de subidas de precios por parte de las operadoras.
La OCU solicitó además la suspensión cautelar de la subida de tarifas impuesta por las tres compañías, al entender que respondía a un acuerdo entre ellas contrario a las leyes de la competencia y que, de llevarse a cabo, iba a causar un "serio perjuicio" a los consumidores. En su denuncia, sostenía que las operadoras habían acordado una subida generalizada con el objeto de anular el efecto de la Ley de mejora de la protección de los consumidores que las obligaba a modificar sus tarifas eliminando el redondeo al alza.
La OCU ha estimado en 1.208 millones de euros los ingresos obtenidos de forma abusiva por parte de las operadoras en concepto de redondeo, según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para el año 2005.
En concreto, 628,6 millones para Movistar, 362,4 para Vodafone y 217,4 para Orange -antes Amena-. Para esta organización, la subida resultaba injustificada ya que la mayoría de los costes del servicio se han reducido, según atestiguan informes de la CMT, que al mismo tiempo señalan que casi un 57 por ciento de las llamadas se realizan dentro de la misma red, por lo que son más baratas.
La CMT ha aplicado recientemente una reducción de los precios de interconexión, por lo que no hay una relación directa entre los costes del servicio, que bajan, y la subida de las tarifas. El supuesto acuerdo entre operadoras, en opinión de los consumidores, no ha tenido otro objeto que mantener su "status quo", así como los mismos ingresos que tenían antes de la aplicación de la Ley.
Sólo con la subida del 25 por ciento del establecimiento de llamada, idéntica para las tres, las compañías recuperan el 60 por ciento de lo ingresado de más por el redondeo. A partir de este momento, concluye la OCU, se inicia la tramitación del expediente sancionador que puede concluir con la imposición de multas millonarias a las empresas, de hasta el 10 por ciento de su facturación anual.
La OCU solicitó además la suspensión cautelar de la subida de tarifas impuesta por las tres compañías, al entender que respondía a un acuerdo entre ellas contrario a las leyes de la competencia y que, de llevarse a cabo, iba a causar un "serio perjuicio" a los consumidores. En su denuncia, sostenía que las operadoras habían acordado una subida generalizada con el objeto de anular el efecto de la Ley de mejora de la protección de los consumidores que las obligaba a modificar sus tarifas eliminando el redondeo al alza.
La OCU ha estimado en 1.208 millones de euros los ingresos obtenidos de forma abusiva por parte de las operadoras en concepto de redondeo, según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para el año 2005.
En concreto, 628,6 millones para Movistar, 362,4 para Vodafone y 217,4 para Orange -antes Amena-. Para esta organización, la subida resultaba injustificada ya que la mayoría de los costes del servicio se han reducido, según atestiguan informes de la CMT, que al mismo tiempo señalan que casi un 57 por ciento de las llamadas se realizan dentro de la misma red, por lo que son más baratas.
La CMT ha aplicado recientemente una reducción de los precios de interconexión, por lo que no hay una relación directa entre los costes del servicio, que bajan, y la subida de las tarifas. El supuesto acuerdo entre operadoras, en opinión de los consumidores, no ha tenido otro objeto que mantener su "status quo", así como los mismos ingresos que tenían antes de la aplicación de la Ley.
Sólo con la subida del 25 por ciento del establecimiento de llamada, idéntica para las tres, las compañías recuperan el 60 por ciento de lo ingresado de más por el redondeo. A partir de este momento, concluye la OCU, se inicia la tramitación del expediente sancionador que puede concluir con la imposición de multas millonarias a las empresas, de hasta el 10 por ciento de su facturación anual.