Las empresas "verdes" que viven del dinero de los contribuyentes están de enhorabuena. El PSOE ha decidido dar marcha atrás en la modificación del artículo del Real Decreto Ley 6/2009 aprobada en el Senado, por el que se creaba el mecanismo de Registro de Preasignación para las energías renovables.
La semana pasada esta enmienda fue aprobada por CiU y el PSOE en el Senado, lo que suponía un cambio en el sistema de subvenciones a las energías renovables y limitaba la "barra libre" de la que han disfrutado las empresas del sector, a costa del bolsillo de los ciudadanos. Si se aprobaba la medida en el Congreso se tendrían que paralizar muchos proyectos en marcha.
Pero el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha salido al rescate de las empresas que invierten en energías "verdes". Este miércoles anunció que los diputados del PSOE se "opondrán" en el Congreso de los Diputados a la enmienda que deroga el artículo del citadoReal Decreto Ley.
En rueda de prensa en Córdoba, Chaves explicó que "se había abierto una cierta situación de inquietud ante la financiación de los proyectos de energías renovables", especialmente en Andalucía, como consecuencia de esta enmienda, pero manifestó que "este tema se ha solucionado" y que en el Congreso los diputados del PSOE "levantarán esa enmienda y se opondrán", por lo que se volverá a la situación inicial, informa Europa Press.
La enmienda suponía derogar el Registro de Preasignación, creado el pasado mes de mayo, y modificar las reglas de juego establecidas en el RD 661/2007 al suprimir la garantía que suponía el hecho de que, una vez alcanzado el 85 por ciento del objetivo de potencia (500 Mw), se otorgaría un plazo mínimo de 12 meses para aspirar a la obtención del régimen económico del citado Real Decreto.
Por su parte, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa instó el pasado viernes al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados a se modificara la enmienda planteada por CIU en el Senado para reforzar la estabilidad jurídica y garantizar la viabilidad de los proyectos de plantas termosolares en ejecución en Andalucía.
La Junta de Andalucía advirtió de que, de salir adelante la enmienda, existiría un "importante perjuicio" para el sector y pondría "en riesgo" las inversiones y los más de 7.000 empleos que crearían los proyectos de plantas termosolares actualmente en construcción en Andalucía.