María Antonia Trujillo deja el Gobierno en un momento en el que comienza a verse el fin del "boom" inmobiliario que casi ha triplicado el precio de la vivienda en la última década y que ha convertido el acceso a un piso en la segunda preocupación de los españoles por detrás del paro.
Su primera medida al frente del departamento fue la puesta en marcha de un Plan de Choque, dotado con 1.031 millones de euros, que incluía ayudas al alquiler de 240 euros mensuales y de 6.000 euros para la rehabilitación de viviendas destinadas a ser arrendadas, subvenciones que varias comunidades autónomas nunca han tramitado (Aragón, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Ceuta y Melilla). Trujillo siempre ha apostado por fomentar el alquiler, pero no mejorando la seguridad jurídica del mercado, sino por medio de la actuación pública.
Otro de los sonados fracasos de la ministra ha sido la propuesta de "minipisos", unas viviendas protegidas en régimen de alquiler para jóvenes, de entre 30 y 45 metros cuadrados y de carácter transitorio. La ministra lo justificó porque a su juicio "los minipisos son un tipo de vivienda que demandan muchos jóvenes en España, porque les permitiría independizarse y se correspondería con la estructura familiar del siglo XXI". Al comienzo previó pisos de 25 metros, pero más tarde rectificó. El PP lo consideró un "bochorno".
Peor aún ha sido el destino de la Sociedad Pública de Alquiler, otra de las estrategias del Gobierno para favorecer la renta de pisos frente a la propiedad. Necesitó más de 3.000 agentes durante dos años y cinco meses para alcanzar los 4.000 contratos. Todos los grupos de la oposición, sin excepción, han criticado los resultados de la SPA. Y no es que el mercado sea incapaz de ofrecer esta solución, que es la que funciona para 1.800.000 inmuebles, alrededor del 11 por ciento del número de viviendas total. PP ha pedido que se suprima la Sociedad Pública de Alquiler.
Finalmente, el otro gran proyecto de María Antonia Trujillo ha sido la Ley del Suelo, que entró en vigor el pasado 1 de julio. El Gobierno ha cambiado la filosofía de la ley, que pasa de buscar la provisión de vivienda a buen precio a adoptar otros valores, como el desarrollo sostenible o la lucha contra la corrupción.
Pero no han dejado de lloverle críticas a la ley. Después de que el instituto Juan de Mariana advirtiera que fomentaría la corrupción y que la consultora Deloitte dijera que entregaría el negocio inmobiliario a la administración, la Red de Expertos Inmobiliarios se mostró este miércoles escéptica sobre la eficacia del proyecto de Trujillo.