LD (EFE) Cañete explicó después de la transferencia de competencias, "en comunidades gobernadas en aquel momento por el PP como Madrid, Galicia o Baleares, se optó por seguir aplicando la desgravación por alquiler". A juicio de Arias Cañate, "como el Ministerio de Vivienda no tiene competencias propias, ahora, bajo la dirección de Carmen Chacón, se quieren invadir competencias autonómicas".
De este modo el responsable ejecutivo de Economía del PP respondió, en nota de prensa, a las declaraciones efectuadas ayer de la ministra de Vivienda, Carme Chacón, quien afirmó que su Departamento contemplaba "la revisión o recuperación" de las desgravaciones fiscales a los alquileres, suprimidas por el Partido Popular.
En el comunicado, Arias Cañete denunció "la contradicción del Gobierno", una vez que el propio ministro de Economía, Pedro Solbes, rechazó aplicar la desgravación por alquiler cuando diseñaba su reforma del IRPF, por lo que "Chacón está contradiciendo a Solbes con su ocurrencia". El secretario Ejecutivo del PP añadió que "las contradicciones van más allá", ya que "el Gobierno de Zapatero quiere instaurar una desgravación por alquiler cuando su propuesta inicial fue eliminar la desgravación por compra".
A juicio de Arias Cañete, "los socialistas vuelven a dar un giro de 180 grados en materia de vivienda, uno más en sus tres años de infructuosos intentos por controlar el precio de los pisos". La nota de prensa añade que el PP defiende mantener la desgravación por compra en el IRPF, "pero considera que la solución no pasa por abusar de las subvenciones en el ámbito de la tributación directa".
Además, subraya que los populares proponen disminuir la presión fiscal indirecta para conseguir una efectiva reducción del precio de la vivienda y "la solución pasaría por evitar que los impuestos se transmitan en cascada y mejorar la eficiencia de los recursos".
Los responsables de Vivienda pidieron a los dirigentes del PP que "no falten a la verdad" y que se pongan de acuerdo porque mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se manifestó a favor de las desgravaciones, otros dirigentes del partido criticaron las medidas adoptadas por el Ministerio.
Además, los populares han presentado este miércoles un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo. Así lo ha anunciado su secretario ejecutivo de Comunicación, Gabriel Elorriaga, quien denunció que la política de suelo y vivienda del Gobierno es un "inmenso fracaso". Elorriaga, en rueda de prensa, informó de que su partido ha presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional porque la ley expropia la tierra a los agricultores sin compensaciones justas y propone precios significativamente inferiores a los manejados en el mercado actual.
En su opinión, la Ley del Suelo, aprobada recientemente por el Ejecutivo, perjudica a los agricultores y obedece a la improvisación electoral. Elorriaga también aprovechó para afirmar que la norma pone de manifiesto el "inmenso fracaso" de la política de vivienda del Gobierno socialista, una política que aumenta la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes.
Las últimas propuestas en materia fiscal propuestas por la nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, van en contra de las medidas desarrolladas hasta por el Ejecutivo y las del propio programa electoral del PSOE, recalcó el dirigente popular. Concluyó que la Ley del Suelo es producto de la "improvisación", tiene carácter "preelectoral", es "incoherente" con los postulados del PSOE y está "abocada al fracaso".
En su recurso ante el Constitucional, el PP impugna diez preceptos de la Ley del Suelo y su disposición transitoria, detalló Elorriaga, quien dijo que con esta iniciativa el PP quiere apoyar a las asociaciones agrarias, que han manifestado su oposición a las expropiaciones de tierras que propone la norma. El PP manifiesta en su recurso que la aplicación de la ley legitima la expropiación de fincas rústicas sin garantizar a los agricultores una compensación proporcional y justa.
Considera inconstitucional el método de valoración del suelo rural establecido en el artículo 22, en el que se fija que los terrenos se tasarán mediante capitalización de su renta anual real o potencial. Elorriaga recordó que el PP votó en contra de la Ley durante su tramitación parlamentaria al considerarla intervencionista, carente de mecanismos eficaces para abaratar el coste de los suelos urbanizables y que invadía las competencias de las comunidades.