LD (M. Llamas) El ministro de Economía, Pedro Solbes, ya no es el único que apuesta firmemente por implementar amplias medidas anticíclicas propias del keynesianismo de antaño a fin de evitar lo inevitable: la creciente crisis económica hacia la que avanza España.
Así, el Gobierno valenciano (PP) solicitará al Ministerio de Economía autorización para asumir un mayor déficit presupuestario, tal y como prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria para un crecimiento de la economía española inferior al 3 por ciento, con el fin de mantener un nivel de inversión pública de 3.000 millones de euros anuales.
Así lo anunció hoy el president de la Generalitat, Francisco Camps, en la sesión de control parlamentario de Les Corts Valencianes, en respuesta a la pregunta formulada por el portavoz del PP, Ricardo Costa, sobre la repercusión que la inversión del Gobierno valenciano tiene en el crecimiento económico y el empleo, informa Efe.
Camps explicó que dentro de la Ley de Estabilidad Presupuestaria existe una norma que permite a los gobiernos autonómicos "llegar hasta un porcentaje determinado de esfuerzo presupuestario para seguir manteniendo el nivel de inversión", en caso de que el país crezca por debajo del 3 por ciento. En concreto, la citada ley indica que “si bien el equilibrio en las cuentas públicas es un elemento esencial de una política económica sostenible en el tiempo, debe instrumentarse adaptándolo a la situación cíclica de la economía para suavizar sus oscilaciones".
Así lo anunció hoy el president de la Generalitat, Francisco Camps, en la sesión de control parlamentario de Les Corts Valencianes, en respuesta a la pregunta formulada por el portavoz del PP, Ricardo Costa, sobre la repercusión que la inversión del Gobierno valenciano tiene en el crecimiento económico y el empleo, informa Efe.
Camps explicó que dentro de la Ley de Estabilidad Presupuestaria existe una norma que permite a los gobiernos autonómicos "llegar hasta un porcentaje determinado de esfuerzo presupuestario para seguir manteniendo el nivel de inversión", en caso de que el país crezca por debajo del 3 por ciento. En concreto, la citada ley indica que “si bien el equilibrio en las cuentas públicas es un elemento esencial de una política económica sostenible en el tiempo, debe instrumentarse adaptándolo a la situación cíclica de la economía para suavizar sus oscilaciones".
Por ello, se exigirá un "superávit en las situaciones en las que la economía crece por encima de su potencial, que se usará para compensar los déficits cuando la economía está en la situación contraria. En definitiva, se trata de adaptar la política presupuestaria al ciclo económico con el fin de suavizarlo”, añade la norma.
El Gobierno sustituye a la empresa como generador de empleo
De este modo, “excepcionalmente y dentro del límite máximo del 0,75 por ciento del PIB nacional para todas ellas, las Comunidades Autónomas podrán presentar déficit en aquellos ejercicios para los que [...] se prevea un crecimiento inferior a la tasa de variación del PIB real”, según la ley. Tal medida se extiende también al gasto público por inversión. Así, el umbral establecido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es que en crecimientos de entre el 2 y el 3 por ciento podrá haber un 0,25 por ciento de déficit en las cuentas autonómicas, y a partir de crecimientos por debajo del 2 por ciento, puede llegar hasta el 0,5 por ciento respecto al PIB.
Camps no ha dudado en aplicar dicha medida, apenas un par de días después de que el Gobierno haya reconocido, al fin, que la economía nacional avanzará, como mucho, un 2,4 por ciento. Como la ley lo prevé y las previsiones de crecimiento están por debajo de ese porcentaje, argumentó Camps, "la Generalitat responsablemente, y para seguir manteniendo el nivel de inversión que corresponde a una comunidad que quiere seguir generando empleo y prosperidad, va aplicar esa ley".
El objetivo, según Camps, es "seguir manteniendo una inversión pública en el territorio entorno a los 3.000 millones de euros", porque esa inversión es "esencial", no sólo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también para atraer inversiones y generar empleo y crecimiento. Es decir, un argumento muy similar al expuesto por Solbes en numerosas ocasiones, consistente en creer que la Administración Pública, y no el mercado, es capaz de crear riqueza y empleo neto.
Camps apuesta, de este modo, por elevar, aún más, su desequilibrio presupuestario en términos de mayor endeudamiento. Y es que la Comunidad Valenciana es la región que presenta un mayor volumen de deuda pública con respecto a su PIB regional de toda España. Según un informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Gobierno de Camps acumulaba una deuda de 10.800 millones de euros en 2006. Es decir, el 11,3 por ciento de su PIB autonómico, por delante de Cataluña (7,7 por ciento), Baleares (6,8) y Andalucía (5,4), casi el doble que la Comunidad de Madrid (5,8 por ciento).
Por el contrario, las regiones menos endeudadas son, por este orden, País Vasco (1,6 por ciento de su PIB autonómico), Murcia (2,8) y La Rioja (2,7).
Galicia, un caso paradigmático
Un ejemplo más de este tipo de política económica deficitaria es el denominado Programa Gesta, con el que Camps pretende incrementar la competitividad de las empresas levantinas multiplicando las subvenciones a la Investigación y Desarrollo (I+D). En este caso, el presidente valenciano anunció su programa público de eficiencia tecnológica prometiendo la creación de 4.000 empleos y un aumento del PIB valenciano próximo al 1 por ciento. La inyección de liquidez pública anunciada por Solbes el pasado viernes también incluye una estimación de característica similares: Su plan de choque elevará el PIB nacional en dos o tres décimas, según el ministro.
Un ejemplo más de este tipo de política económica deficitaria es el denominado Programa Gesta, con el que Camps pretende incrementar la competitividad de las empresas levantinas multiplicando las subvenciones a la Investigación y Desarrollo (I+D). En este caso, el presidente valenciano anunció su programa público de eficiencia tecnológica prometiendo la creación de 4.000 empleos y un aumento del PIB valenciano próximo al 1 por ciento. La inyección de liquidez pública anunciada por Solbes el pasado viernes también incluye una estimación de característica similares: Su plan de choque elevará el PIB nacional en dos o tres décimas, según el ministro.
Camps abraza, pues, al discurso propio de otras autonomías socialistas. Sirva como ejemplo, el caso de Galicia. La Xunta acaba de anunciar la mayor Oferta Pública de Empleo (OPE) de la historia de esta región, al convocar 3.284 plazas de trabajo. La Administración Pública gallega se ha convertido en la mayor entidad empleadora de la comunidad, con un total de 85.000 trabajadores.