L D (EFE) Camacho presentó hace unos meses dos inmuebles para hacer frente a su fianza, pero los peritos judiciales consideraron que el valor de los mismos era insuficiente. El propietario de Gescartera, que era el único de los imputados por este caso que permanece en prisión, abandonara este viernes la cárcel de Soto del Real después de permanecer en ella tres años.
El caso Gescartera se remonta al verano de 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores ante los problemas detectados en la misma. Esta intervención descubrió un "agujero" patrimonial en la entidad, que en principio se cifró en unos 80 millones de euros y que posteriormente ascendió a 108 millones, lo que originó que el caso pasara a manos de la juez Teresa Palacios, que desde la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación judicial.
Precisamente este jueves, Palacios acordó en un auto finalizar la instrucción del caso Gescartera y conceder diez días a las partes personadas para que presenten sus escritos de acusación o sobreseimiento y pueda iniciarse el correspondiente juicio oral. Según el auto de la juez, la magistrada aprecia en el caso los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil continuados.
El caso Gescartera se remonta al verano de 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores ante los problemas detectados en la misma. Esta intervención descubrió un "agujero" patrimonial en la entidad, que en principio se cifró en unos 80 millones de euros y que posteriormente ascendió a 108 millones, lo que originó que el caso pasara a manos de la juez Teresa Palacios, que desde la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación judicial.
Precisamente este jueves, Palacios acordó en un auto finalizar la instrucción del caso Gescartera y conceder diez días a las partes personadas para que presenten sus escritos de acusación o sobreseimiento y pueda iniciarse el correspondiente juicio oral. Según el auto de la juez, la magistrada aprecia en el caso los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil continuados.