Momentos antes de ser publicado el decreto de liquidación, cientos de policías federales tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), empresa que brinda energía eléctrica a 6,2 millones clientes en la capital mexicana y algunos municipios de los estados centrales de Morelos, Estado de México, Puebla e Hidalgo.
El Sindicato Mexicano de Electricistas había llevado el pasado jueves a las calles a miles de trabajadores y simpatizantes (15.000, según las autoridades, o 60.000 de acuerdo a los sindicalistas) que marcharon hasta la residencia oficial de Los Pinos para exigir a Calderón respeto a la vida interna del sindicato.
El Gobierno no reconoce a Martín Esparza como líder del SME, bajo el argumento de que hubo anomalías en su elección, denunciadas por opositores. La marcha recibió el respaldo de los sindicatos minero, de telefonistas y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como organizaciones campesinas.
El sindicato fue duramente criticado por empresarios y algunos analistas que consideran que el SME entorpecía el desarrollo de la empresa y en cambio los trabajadores recibían "exageradas" prestaciones.
Los líderes del SME habían asegurado que en este conflicto no pararían las actividades de la empresa pero, según, dijo Fernando Amezcua, portavoz del sindicato, la organización estaba preparando un documento legal para emplazar a huelga a la compañía por la violación del contrato colectivo de trabajo.
Calderón decretó la liquidación al considerar que LyFC, la segunda empresa pública eléctrica del país, presenta una "comprobada ineficiencia operativa y financiera", tiene un pasivo laboral de 240.000 millones de pesos (18.000 millones de dólares), y sus costos "casi duplican a sus ingresos por ventas".
En el decreto, el mandatario afirma que desde su creación LyFC "no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han incrementado en los últimos años".
También aseguró que "los resultados reportados por Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional".
Asegura que los trabajadores de la empresa serán indemnizados conforme a las leyes laborales y garantizó que durante el proceso de liquidación el servicio de energía eléctrica no se suspenderá.
Según fuentes del SME, la empresa tiene 88.000 trabajadores, 60.000 afiliados al sindicato (de los cuales unos 20.000 son jubilados) y 28.000 temporales o por honorarios.
Esparza ha rechazado los reportes que sitúan a LyFC como una empresa quebrada y como uno de los peores servicios al cliente. Afirma que existe una "campaña mediática" en contra de compañía y su sindicato.
El líder sindical planteó en días pasados que las autoridades deben permitirle a LyFC licitar el alquiler de sus 1.100 kilómetros de fibra óptica para ofrecer servicios de telecomunicaciones, y emplear los recursos de las pensiones de los trabajadores en proyectos productivos para que la empresa sea viable en 2012.