(Libertad Digital) El tiempo transcurrido entre unas declaraciones y otras ha sido relativamente corto. En primer lugar, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, hacía el anuncio en unos desayunos informativos: España seguiría los pasos de Reino Unido y Francia, de cara a la entrada de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea, y aplicaría restricciones a la libre circulación de trabajadores de estos dos países.
El jefe de la diplomacia española ha justificado esta decisión del Gobierno alegando que los propios rumanos serían los más beneficiados de este tipo de decisiones. También alegó que la posición de España en este asunto es la misma que ya adoptó para la anterior ampliación de la UE.
Un poco más tarde, el ministro Caldera volvió a corregir a uno de sus compañeros de gabinete, como ya hiciera con Juan Fernando López Aguilar el mes pasado a cuenta de la aplicación del IRPF que tendrán las ONG. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, contradiciendo a Moratinos, ha dicho que aún no se ha adoptado ninguna medida sobre la circulación de trabajadores búlgaros y rumanos. A partir del 1 de enero ambos países pasarán a formar parte de la Unión Europea.
Caldera ha anunciado que la intención del Ejecutivo, lejos de las restricciones, es aplicar "medidas flexibles". Además ha insistido en que el Gobierno ha iniciado un período de consultas con los agentes sociales y con otros países de la Unión Europea para analizar las posibles medidas a tomar, que deben ser meditadas.
Faltan dos meses
Lo único cierto a día de hoy es que faltan dos meses para que Bulgaria y Rumanía entren a formar parte de la Unión Europea, lo que significará que, de seguir así las cosas, los 730.000 búlgaros y rumanos que viven en España censados o de forma ilegal obtendrán permiso de residencia.
Tras el desmentido de Caldera, la Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores destacó en un comunicado que, "si bien el periodo mínimo de la eventual cláusula de salvaguardia (moratoria) es de dos años, el Consejo de Ministros aún no ha adoptado una posición" sobre este asunto.
La citada Dirección General resaltó que "esta decisión no se concretará hasta que no se completen las consultas formales que, presumiblemente a principios de diciembre, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, mantendrá con las organizaciones sindicales y empresariales". "Estas consultas podrán introducir elementos de flexibilidad en la duración, alcance y vigencia de la moratoria", precisó la Dirección General de Comunicación Exterior.
La citada Dirección General resaltó que "esta decisión no se concretará hasta que no se completen las consultas formales que, presumiblemente a principios de diciembre, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, mantendrá con las organizaciones sindicales y empresariales". "Estas consultas podrán introducir elementos de flexibilidad en la duración, alcance y vigencia de la moratoria", precisó la Dirección General de Comunicación Exterior.