Las últimas cifras de paro y Seguridad Social publicadas este miércoles por el Ministerio de Trabajo agravan aún más la viabilidad del denominado Estado de Bienestar en España. En este campo, el dato clave no es tanto ya el aumento del número de parados, que también, como la destrucción de puestos de trabajo que todavía sigue registrando España tras casi tres años de crisis económica.
Así, la Seguridad Social cerró febrero con un descenso medio de 237.888 afiliados (-1,35%) respecto al mismo mes del año anterior, y de 14.744 sobre enero, con lo que el total de ocupados, en términos promedios, se situó en 17.347.094 cotizantes, según informó el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Sin embargo, la ampliación del período temporal ofrece una imagen mucho más fiel acerca del impacto que ha tenido la crisis en el mercado de trabajo español. De este modo, tomando igualmente como referencia la afiliación media, España ha perdido algo más de 1,9 millones de cotizantes (ocupados) a la Seguridad Social en tres años: la afiliación media ha caído desde los 19,2 millones en febrero de 2008 hasta los 17,3 en febrero de 2011. Es decir, hasta el momento la crisis ha borrado del mapa cerca del 10% de los puestos de trabajo existentes en 2008.
Todo ello no sólo se traduce en un drama laboral sino también a nivel presupuestario y económico. Y es que la evolución del número de ocupados afecta directamente a la sostenibilidad de las prestaciones públicas. A menor número de trabajadores y mayor volumen de beneficiarios, la presión que soportan los contribuyentes va en aumento.
De ahí, precisamente, que la Seguridad Social se tome muy en serio el aumento o descenso de la cifra de afiliados a fin de estimar la viabilidad o no del sistema público de pensiones. Según los últimos datos oficiales al respecto, el sistema contaba con 17.298.626 de cotizantes el pasado febrero -toma como referencia la afiliación del último día del mes-, cuyas contribuciones (impuestos) sirven para pagar puntualmente las prestaciones a 7.960.682 pensionistas. Es decir, en la actualidad, España apenas cuenta con 2,53 trabajadores por pensionista frente a la ratio de 2,66 registrada en 2008, o el nivel máximo de 2,71 alcanzado en 2007. La actual ratio retrocede así a niveles de 2004.
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Menos ocupados para mantener a más pensionistas es el motivo esencial que ha adelantado en el tiempo la necesidad de reformar el sistema público de pensiones. El Gobierno ha decidido recientemente retrasar la edad de jubilación a los 67 años y reducir las pensiones futuras en cerca de un 20% a fin de poder mantener dicho modelo público en pie.
Sin embargo, esta drástica caída de la ratio afiliados/pensionistas tan sólo muestra una parte del problema. No obstante, no sólo los pensionistas viven del erario público. A esos 8 millones de jubilados es necesario sumar a los cerca de 3,2 millones de empleados públicos, cuyos sueldos son sufragados mediante impuestos, al igual que los algo más de 3 millones de parados que cobran la prestación de desempleo (según el último dato publicado, correspondiente a enero de 2011).
De este modo, si se resta a los funcionarios de la cifra global de afiliados, el resultado es que apenas 14,1 millones de trabajadores tienen que mantener con el dinero de su bolsillo a 14,2 millones de pensionistas, parados y empleados públicos: cada trabajador sostiene, pues, a más de un funcionario, pensionista o parado.