Así lo ha advertido la titular europea de Competencia, Neelie Kroes, responsable de verificar la compatibilidad con la legislación comunitaria de las ayudas públicas concedidas al fabricante de automóviles, en una carta remitida a las autoridades de los siete Estados miembros afectados por la crisis de Opel.
Así, además de a Madrid, Kroes ha hecho llegar su advertencia a los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Bélgica, Austria, Hungría y Polonia.
Según explicó en rueda de prensa el portavoz comunitario de Competencia, Jonathan Todd, la comisaria quiere dejar claro a todos los países interesados en el rescate de la filial europea de General Motors (GM) que no podrán exigir a la compañía condiciones, especialmente sobre la localización de los ajustes de empleo, como contrapartida a sus ayudas.
Preguntado por el caso específico de España -donde Opel cuenta con una fábrica, en la localidad zaragozana de Figueruelas-, Todd apuntó que, en principio, el Gobierno no prevé conceder ayudas, "así que no se les puede criticar por eso".
El portavoz también indicó que Bruselas sigue a la espera de que Alemania le ofrezca información detallada sobre el acuerdo de venta de Opel al fabricante austríaco-canadiense de componentes Magna, que cuenta con el apoyo para esta operación del banco ruso Sberbank.
Berlín acordó con Magna que recibiría 4.500 millones de euros para facilitar la transacción, pero las negociaciones con el resto de países implicados sobre el reparto de esa carga se han complicado.
Tanto España como Bélgica y Reino Unido sospechan que Alemania negoció con Magna un trato preferente para las fábricas en su territorio y están en desacuerdo con el impacto que la reestructuración prevista tendrá en sus factorías.
Dentro de un plan que prevé el despido en toda Europa de 11.000 empleos, GM y Magna adelantaron que la plantilla de Figueruelas tendría que reducirse en 1.670 trabajadores, aunque posteriormente ha rebajado esa cifra a 1.320.