LD (EFE) Este lunes la Comisión Europea ha pedido a las autoridades alemanas explicaciones sobre el mecanismo de control que se reservaron en la compañía resultante de la fusión en 2002 de E.On y Ruhrgas. La Comisión sospecha que puede suponer una violación de la legislación comunitaria. Así lo ha hecho saber en rueda de prensa el portavoz de Mercado Interior del Ejecutivo de la UE, Oliver Drewes, quien indicó que Bruselas ha solicitado por carta al Gobierno alemán que "especifique" las condiciones de la "acción de oro" que mantiene en dicho grupo energético y recordó que, en principio, esa herramienta es contraria a los principios del mercado interior.
Drewes, quien ya anticipó a finales de septiembre que la Comisión estaba evaluando las disposiciones que el Gobierno estableció cuando E.ON compró Ruhrgas, precisó que la misiva enviada a Berlín no supone la apertura de un procedimiento de infracción y señaló que, una vez recibida la información solicitada, Bruselas decidirá si es necesario adoptar alguna medida.
Drewes, quien ya anticipó a finales de septiembre que la Comisión estaba evaluando las disposiciones que el Gobierno estableció cuando E.ON compró Ruhrgas, precisó que la misiva enviada a Berlín no supone la apertura de un procedimiento de infracción y señaló que, una vez recibida la información solicitada, Bruselas decidirá si es necesario adoptar alguna medida.
Condiciones a E.On sobre Ruhrgas
El portavoz no ha explicado porque Bruselas no investigó la "acción de oro" alemana sobre E.On-Ruhrgas cuando se constituyó, en 2002, pero ha indicado que la "situación" ha sido denunciada a la Comisión recientemente por "diversas partes", aunque no las ha identificado. Esas denuncias, procedentes de al menos ocho partes diferentes, son las que llevaron al comisario de Mercado Interior, el irlandés Charlie McCreevy, a abrir una investigación.
El portavoz reitera que el mecanismo de control sobre empresas privatizadas conocido como "acción de oro", en principio, "no tiene cabida en el mercado interior", pero recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE definió en 2002 los criterios y circunstancias en que estas disposiciones pueden estar justificadas. A la pregunta de si Bruselas trata al Gobierno alemán de manera diferente que al español (al que ya ha abierto un procedimiento de infracción por la ampliación de competencias de la CNE y que podría afrontar uno más por las condiciones impuestas por este organismo a la OPA de E.On sobre Endesa), Drewes contestó que la Comisión evalúa cada caso en función de sus características específicas. Por último, asegura que, si cuando reciba la información pedida a las autoridades alemanas concluye que hay una violación de la legislación comunitaria, el Ejecutivo de la UE actuará "tan rápido como sea posible".