Bruselas pide a España que retrase la entrada en vigor del decreto de ayudas al carbón

Fuentes del Ministerio informaron a Efe de que no se trata de ningún tipo de resolución y que el escrito no es vinculante, por lo que no bloquea la aplicación del decreto.

El Tribunal entiende que sería aconsejable que se retrase la entrada en vigor de la normativa mientras se resuelve el recurso interpuesto por las eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de autorizar el Real Decreto.

Por otra parte, la Audiencia Nacional ha concedido parcialmente las medidas cautelarísimas solicitadas por una de las compañías en relación a la obligación de presentar en tres días una carta de compromiso de compra de carbón autóctono ante la Comisión Nacional de la Energía.

Según fuentes conocedoras del proceso, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha citado a las partes la semana que viene para que acuerden un nuevo plazo, porque estima que los tres días dados por Industria es un plazo demasiado breve.

La semana pasada, el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución de la Secretaría de Estado de Energía en la que se establecían las cantidades de carbón a adquirir, los volúmenes de producción y los precios de la energía para 2010, normativa que fue recurrida ante la Audiencia Nacional por una eléctrica.

Según Industria, la aceptación de las medidas cautelarísimas referentes a la citada carta tampoco bloquean la entrada en vigor del decreto, ya que hay mucho carbón almacenado que deberá ser quemado por las eléctricas por el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro en el que se basa la normativa.

El tercer frente judicial que mantienen abierto las empresas eléctricas contra el decreto del carbón está en el Tribunal Supremo, ante el que recurrieron la normativa a comienzos de mes.

El Supremo ha rechazado la suspensión cautelarísima de la norma y por el momento aún no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas por las compañías, que también incluían la paralización de su entrada en vigor.

Las compañías entienden que el decreto perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado (que consumen gas) y vulnera las leyes del libre mercado.