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Bruselas no se fía de la fusión de CCM e investiga las ayudas públicas

La Comisión Europea está examinando si las ayudas públicas concedidas hasta ahora por España a Caja Castilla La Mancha (CCM) para garantizar su supervivencia, así como los fondos para facilitar su absorción por parte de Cajastur, respetan la legislación comunitaria.

"La Comisión está analizando todavía el estatus del apoyo financiero recibido por Caja Castilla la Mancha y su compatibilidad con el Tratado", explicó a Europa Press el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.

"Hay discusiones en curso con las autoridades españolas acerca de todas las operaciones que puedan afectar a CCM desde el punto de vista de las ayudas públicas, incluida la adquisición en cuestión", señaló el portavoz al ser preguntado por si la compra de Caja Castilla la Mancha por parte de Cajastur había sido notificada a Bruselas.

Hasta ahora, el Banco de España ha concedido a CCM una línea de liquidez por un importe máximo de 9.000 millones de euros. Además, la entidad recibió 1.300 millones de euros del Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas. Tras su adquisición por Cajastur, será la entidad asturiana la que se quede con las ayudas del Fondo de Garantías.

La Comisión ha avisado al Gobierno español de que deberá pedirle autorización caso por caso para las ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que se concedan para facilitar la reestructuración de bancos y cajas de ahorros. Sólo así estas ayudas gozarán de "seguridad jurídica" y se evitará el riesgo de que el Ejecutivo comunitario reclame posteriormente su devolución por considerarlas ilegales.

La exigencia de notificaciones caso por caso se aleja de la práctica que había seguido hasta ahora el Ejecutivo comunitario, que consistía en examinar y aprobar solamente los planes de ayuda al sector bancario, y dejar su aplicación individual en manos de las autoridades españolas. Es lo que ocurrió con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros y el plan de avales del Estado a las nuevas emisiones de deuda, cuyas operaciones individuales no han debido comunicarse a Bruselas.

En este caso, la Comisión exige aprobar cada caso individual porque considera que las condiciones que establece el FROB son "tan amplias y generales" que dejan mucho "margen de maniobra a las autoridades españoles a la hora de dar ayudas a bancos individuales".

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