L D (Agencias) Cuatro años después de la adopción de esas decisiones, "España aún no ha tomado ninguna medida concreta para recuperar las ayudas ilegales de sus beneficiarios", señaló la CE en un comunicado. "Tengo la intención de aplicar una política muy estricta con los Estados miembros que no cumplen con las decisiones de recuperación de ayudas de estado. Es esencial para asegurar la credibilidad de nuestra política de ayudas de estado", señaló la comisaria europea de Competencia, la holandesa Neelie Kroes.
La CE recordó que, el 20 de diciembre de 2001, tomó tres decisiones que ordenaban a España poner fin a los sistemas de ayudas a las nuevas empresas que se establecían en las tres provincias vascas (conocidos como "vacaciones fiscales" vascas). "Según las normas sobre ayudas de estado, España debería haber tomado todas les medidas necesarias disponibles en su legislación sin retraso", explicó el comunicado, que añadió que las autoridades de Madrid "también tenían que haber informado a la Comisión de las medidas tomadas para hacer cumplir las decisiones".
Sin embargo, el ejecutivo comunitario resalta que, al cabo de cuatro años, "no hay indicios de que España haya tomado ninguna medida concreta para poner fin a los tres sistemas fiscales en cuestión o para recuperar la ayuda ilegal e incompatible ya entregada". Desde 2002, España "no ha respondido a las peticiones de la Comisión de información sobre la aplicación de estas tres decisiones. La Comisión ha concluido por tanto que España no ha aplicado estas tres decisiones", añade.
En su decisión de diciembre de 2001, la Comisión consideró que la ayuda concedida a las empresas con ese sistema era ilegal e incompatible con el Tratado de las Comunidades Europeas, ya que constituía una ayuda operativa –destinada a proteger a las empresas de los costos que generan sus actividades ordinarias–. Las provincias vascas no son elegibles para estas ayudas, recordó el Ejecutivo comunitario en su comunicado.
Además, añadió que esta es la cuarta ocasión durante 2005 en que la Comisión denuncia a un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por no haber recuperado ayudas ilegales. Los casos ante el Tribunal de Justicia, con sede en Luxemburgo, suelen resolverse aproximadamente en unos dos años. El Tribunal de Primera Instancia de la UE ya consideró, en marzo de 2002, que las ayudas individuales concedidas por la Diputación de Alava a las empresas Daewoo y Ramondín eran "incompatibles con las disposiciones comunitarias relativas a las ayudas de estado".
La CE recordó que, el 20 de diciembre de 2001, tomó tres decisiones que ordenaban a España poner fin a los sistemas de ayudas a las nuevas empresas que se establecían en las tres provincias vascas (conocidos como "vacaciones fiscales" vascas). "Según las normas sobre ayudas de estado, España debería haber tomado todas les medidas necesarias disponibles en su legislación sin retraso", explicó el comunicado, que añadió que las autoridades de Madrid "también tenían que haber informado a la Comisión de las medidas tomadas para hacer cumplir las decisiones".
Sin embargo, el ejecutivo comunitario resalta que, al cabo de cuatro años, "no hay indicios de que España haya tomado ninguna medida concreta para poner fin a los tres sistemas fiscales en cuestión o para recuperar la ayuda ilegal e incompatible ya entregada". Desde 2002, España "no ha respondido a las peticiones de la Comisión de información sobre la aplicación de estas tres decisiones. La Comisión ha concluido por tanto que España no ha aplicado estas tres decisiones", añade.
En su decisión de diciembre de 2001, la Comisión consideró que la ayuda concedida a las empresas con ese sistema era ilegal e incompatible con el Tratado de las Comunidades Europeas, ya que constituía una ayuda operativa –destinada a proteger a las empresas de los costos que generan sus actividades ordinarias–. Las provincias vascas no son elegibles para estas ayudas, recordó el Ejecutivo comunitario en su comunicado.
Además, añadió que esta es la cuarta ocasión durante 2005 en que la Comisión denuncia a un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por no haber recuperado ayudas ilegales. Los casos ante el Tribunal de Justicia, con sede en Luxemburgo, suelen resolverse aproximadamente en unos dos años. El Tribunal de Primera Instancia de la UE ya consideró, en marzo de 2002, que las ayudas individuales concedidas por la Diputación de Alava a las empresas Daewoo y Ramondín eran "incompatibles con las disposiciones comunitarias relativas a las ayudas de estado".