LD (EFE) El Ejecutivo comunitario ya había abierto un proceso de infracción a España y a otros 9 países en abril de 2003, aunque en el caso español se paralizó por la aprobación de la nueva Ley del Sector Ferroviario. Sin embargo, ante el retraso en la puesta en marcha de esta ley –que entrará en vigor el próximo 1 de enero–, la comisaria ha señalado la necesidad de abrir el procedimiento de infracción desde su primer paso, es decir con una carta de emplazamiento, puesto que España no está cumpliendo las normas.
"España no ha transpuesto las directivas, por lo que hay que proceder" según marca le legislación comunitaria, y "eso es lo que se va a hacer", afirmó la comisaria en una rueda de prensa. No obstante, matizó que el día en que se transpongan las directivas se podrá cerrar el procedimiento, pero mientras, "no podemos esperar". "Las normas comunitarias hay que cumplirlas y las tienen que cumplir todos, los países grandes y los pequeños, los más ricos y los menos", resaltó De Palacio, quien afirmó que el procedimiento se reabrirá "antes del fin" de su mandato como comisaria de Transportes y vicepresidenta de la Comisión, que acaba el próximo 31 de octubre.
"España no ha transpuesto las directivas, por lo que hay que proceder" según marca le legislación comunitaria, y "eso es lo que se va a hacer", afirmó la comisaria en una rueda de prensa. No obstante, matizó que el día en que se transpongan las directivas se podrá cerrar el procedimiento, pero mientras, "no podemos esperar". "Las normas comunitarias hay que cumplirlas y las tienen que cumplir todos, los países grandes y los pequeños, los más ricos y los menos", resaltó De Palacio, quien afirmó que el procedimiento se reabrirá "antes del fin" de su mandato como comisaria de Transportes y vicepresidenta de la Comisión, que acaba el próximo 31 de octubre.
Las directivas en cuestión -de apertura a los servicios internacionales de mercancías en las redes ferroviarias europeas- tenían que haber sido transpuestas por los 15 antiguos Estados miembros de la UE para el 15 de marzo de 2003. La transposición de este grupo de tres directivas a la legislación nacional debería hacer posible unas operaciones transfronterizas más eficientes y puntuales, necesarias para que el ferrocarril pueda competir con el transporte por carretera, según la Comisión.