La Comisión ha concluido este miércoles que el sistema español de deducciones fiscales para la adquisición de acciones de empresas extranjeras "distorsiona la competencia en el mercado común porque confiere una ventaja injustificada a las compañías españolas, especialmente en el contexto de las Ofertas Públicas de Adquisición" (OPA).
Por ello, la Comisión (CE) ha ordenado a España la abolición inmediata de este sistema y la devolución "de todas las ayudas concedidas bajo este régimen" para las adquisiciones de compañías comunitarias desde el 21 de Diciembre de 2007.
Las compañías que deberán reembolsar al Estado las cantidades desgravadas serán las que comenzaron a beneficiarse del régimen a partir de la citada fecha, ya que la CE "no tenía sospechas de la ilegalidad del régimen hasta la apertura de la investigación formal", según dijo hoy el portavoz comunitario de Competencia, Jonathan Todd.
Esto no afectará a operaciones como la compra de O2 por Telefónica y de Scottish Power por Iberdrola, que tuvieron lugar antes de diciembre de 2007 y que podrán seguir beneficiándose de las deducciones.
El Ejecutivo comunitario "no cuenta con datos precisos" sobre el montante de las deducciones de las que se han beneficiado las compañías españolas ni sobre cuáles son estas empresas, ya que el Gobierno español "no ha dado una respuesta clara" a la petición de información de Bruselas, explicó el portavoz en rueda de prensa.
La Comisión "espera que las autoridades españolas cumplan en su totalidad la decisión adoptada hoy, y que por lo tanto informen sobre el dinero que debe ser recuperado y procedan a recuperarlo", añadió Todd.
En caso de incumplir la decisión de la CE, España podría ser llevada al Tribunal de Justicia de la UE, recordó el portavoz. La Comisión comenzó a investigar el régimen fiscal español en octubre de 2007 a raíz de varias preguntas de diputados del Parlamento Europeo, así como denuncias formales que sostenían que el régimen español es ilegal.
Las preguntas parlamentarias se referían en particular a la adquisición de compañías extranjeras por parte de empresas españolas como la compra de O2 por Telefónica y de Scottish Power por Iberdrola, y las ofertas de Sacyr, Albertis y Cintra para la concesión de las autopistas en Francia.
El régimen español, que está vigente desde enero de 2002 y no fue notificado a Bruselas antes de su aplicación, establece una excepción al sistema fiscal general español al permitir la amortización del fondo de comercio incluso cuando no se unen la empresa adquiriente y la empresa adquirida en una sola entidad.
Las excepciones del sistema sólo se aplican a las participaciones en empresas extranjeras y se supedita a la adquisición de más del 5 por ciento de la empresa objetivo, sin que resulte necesario adquirir su control.
La CE considera que, teniendo en cuenta la armonización legislativa sobre adquisiciones transfronterizas en la UE, el sistema español concede ventajas a las compañías españolas y por tanto es "discriminatorio e injustificable".
El Santander, afectado por la decisión
El consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, afirmó hque la decisión de la Unión Europea afecta al banco en cuanto a la adquisición de la entidad británica Alliance & Leicester (A&L).
"No nos afecta más que exclusivamente a la compra de Alliance & Leicester", dijo el consejero delegado en la presentación de los resultados del banco en los nueve primeros meses del ejercicio 2009, que arrojaron un descenso del beneficio atribuido sin extraordinarios del 3%, hasta 6.740 millones de euros.
Santander compró el banco británico el pasado verano por un importe de 1.575 millones de euros para reforzar sus planes de expansión en el Reino Unido, en una operación que fue bendecida por el primer ministro británico, Gordon Brown.