L D (EFE) El pasado marzo, el Ejecutivo comunitario envío una petición formal a Alemania en la que le exigía un compromiso de reforma de la norma en un plazo de dos meses, ampliado posteriormente hasta mediados de julio.
Pero Berlín contestó en julio con una carta en la que afirmaba que "no hay duda sobre la compatibilidad de la ley VW con el derecho europeo" y que, consecuentemente, no se planteaba modificarla. Basada en un acuerdo entre el Gobierno federal alemán y el Estado de Baja Sajonia de 1959, la "ley Volkswagen" confiere a este "lander" dos miembros permanentes en el Consejo de administración del grupo automovilístico.
Además, limita los derechos de voto de los accionistas al 20%, con independencia de su nivel de participación en el capital del grupo, y obliga a reunir más del 80% de los votos para aprobar decisiones estratégicas sobre el futuro del grupo. En la práctica, denuncia Bruselas, estas cláusulas garantizan al Estado de Baja Sajonia -primer accionista con un 20% de sus derechos de voto- una minoría de bloqueo ante decisiones estratégicas como la aceptación de nuevos inversores. La CE entiende por tanto que la norma viola los principios básicos del mercado interior, sobre la libre circulación de capitales y derecho de establecimiento.
Pero Berlín contestó en julio con una carta en la que afirmaba que "no hay duda sobre la compatibilidad de la ley VW con el derecho europeo" y que, consecuentemente, no se planteaba modificarla. Basada en un acuerdo entre el Gobierno federal alemán y el Estado de Baja Sajonia de 1959, la "ley Volkswagen" confiere a este "lander" dos miembros permanentes en el Consejo de administración del grupo automovilístico.
Además, limita los derechos de voto de los accionistas al 20%, con independencia de su nivel de participación en el capital del grupo, y obliga a reunir más del 80% de los votos para aprobar decisiones estratégicas sobre el futuro del grupo. En la práctica, denuncia Bruselas, estas cláusulas garantizan al Estado de Baja Sajonia -primer accionista con un 20% de sus derechos de voto- una minoría de bloqueo ante decisiones estratégicas como la aceptación de nuevos inversores. La CE entiende por tanto que la norma viola los principios básicos del mercado interior, sobre la libre circulación de capitales y derecho de establecimiento.