L D (Agencias) Monti considera que el aval ilimitado del Estado a la deuda de RTVE, su principal fuente de financiación, es contrario a la competencia. El documento –que Monti presenta en la reunión semanal de comisarios de este miércoles– explica que la noción de servicio público que dicen ofrecer estas televisiones no justifica un aval indefinido por parte del Estado. Estas ayudas indirectas –según desgrana una noticia el diario Expansión – bajo la forma de avales distorsionan la competencia en un sector donde las televisiones públicas conviven con las privadas, que carecen de ese tipo de garantías financieras. La decisión de la Comisión Europea sentará un importante precedente, 11 años más tarde de la primera denuncia de las televisiones privadas españolas. Fue el Tribunal de Justicia de la UE el que en una sentencia emitida en 1998 obligara a la Comisión Europea a pronunciarse. El problema de la doble financiación a las televisiones públicas se encontraba bloqueado en la Comisión por la presión de varios Gobiernos.
El diario ABC explica que la investigación pretendía cuantificar el coste neto asociado al servicio público que presta el Grupo Radiotelevisión Española para compararlo con las ayudas recibidas, directa o indirectamente, del Estado. Según fuentes del Ejecutivo comunitario citadas por el diario, la conclusión fue clara: "Este tipo de ayudas superan el coste neto del servicio público". El informe no ve que ocurra lo mismo con las ayudas directas porque éstas se alinean con los costes de servicio público. Es decir, la ayuda directa se alinea con los costes de ofrecer al público determinados contenidos y servicios que no están basados en una rentabilidad comercial.
En lo que afecta a la RAI, la Comisión Europea decidirá si la televisión pública italiana se ha beneficiado de ayudas Estado prohibidas por las normas comunitarias. Según informa la agencia Efe , el colegio de comisarios tomará una decisión sobre "la multitud de medidas de Estado de las que se ha beneficiado" dijo un portavoz comunitario. En especial, los comisarios se pronunciarán sobre si el nivel del canon que se le paga es inferior o superior a los costes adicionales netos a los que hace frente la cadena para ofrecer el servicio público. El Ejecutivo comunitario debe pronunciarse sobre las reducciones fiscales y los préstamos concedidos por el Estado italiano a la RAI en los años 90, que fueron denunciadas ante Bruselas por el grupo privado Mediaset, controlado por Berlusconi.
La Comisión Europea propondrá a RTVE, la italiana RAI y la portuguesa RTP establecer una separación clara de actividades, tanto en la contabilidad como en el funcionamiento, de modo que las que sean estrictamente comerciales sean gestionadas con criterios de mercado y sin avales públicos que falsean la competencia con las cadenas privadas.
El diario ABC explica que la investigación pretendía cuantificar el coste neto asociado al servicio público que presta el Grupo Radiotelevisión Española para compararlo con las ayudas recibidas, directa o indirectamente, del Estado. Según fuentes del Ejecutivo comunitario citadas por el diario, la conclusión fue clara: "Este tipo de ayudas superan el coste neto del servicio público". El informe no ve que ocurra lo mismo con las ayudas directas porque éstas se alinean con los costes de servicio público. Es decir, la ayuda directa se alinea con los costes de ofrecer al público determinados contenidos y servicios que no están basados en una rentabilidad comercial.
En lo que afecta a la RAI, la Comisión Europea decidirá si la televisión pública italiana se ha beneficiado de ayudas Estado prohibidas por las normas comunitarias. Según informa la agencia Efe , el colegio de comisarios tomará una decisión sobre "la multitud de medidas de Estado de las que se ha beneficiado" dijo un portavoz comunitario. En especial, los comisarios se pronunciarán sobre si el nivel del canon que se le paga es inferior o superior a los costes adicionales netos a los que hace frente la cadena para ofrecer el servicio público. El Ejecutivo comunitario debe pronunciarse sobre las reducciones fiscales y los préstamos concedidos por el Estado italiano a la RAI en los años 90, que fueron denunciadas ante Bruselas por el grupo privado Mediaset, controlado por Berlusconi.
La Comisión Europea propondrá a RTVE, la italiana RAI y la portuguesa RTP establecer una separación clara de actividades, tanto en la contabilidad como en el funcionamiento, de modo que las que sean estrictamente comerciales sean gestionadas con criterios de mercado y sin avales públicos que falsean la competencia con las cadenas privadas.