L D (EFE) El pasado mes de mayo, el Congreso aprobó por unanimidad, y con competencia legislativa plena, la Ley por la que se derogaba la denominada "acción de oro", instrumento de control que se reservaba el Estado sobre algunas empresas privatizadas, y que sólo mantenía en Telefónica y Endesa.
El año pasado el Ejecutivo comunitario amenazó al Gobierno con la imposición de multas por no haber cumplido la sentencia del TUE del 13 de mayo de 2003, que señalaba que la "acción de oro" española en Tabacalera, Argentaria, Repsol, Endesa y Telefónica vulneraba el principio de libre circulación de capitales.
El Tribunal de Justicia concluyó que, en el caso de Tabacalera y Argentaria, el sistema de autorización previa no podía justificarse por razones de interés general. Por lo que se refiere a Repsol, Endesa y Telefónica, la sentencia reconoció que los obstáculos a la libre circulación de capitales podían justificarse por consideraciones de seguridad pública, aunque dijo que no se había respetado el principio de proporcionalidad. El TUE precisó además que el hecho de que el sistema tuviera una duración limitada de 10 años no significaba que la infracción fuera menor.
El 26 de mayo, el Parlamento español adoptó la ley que deroga la "acción de oro", que sólo se mantenía en Endesa y Telefónica, eliminando así, según la Comisión, las restricciones a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento que creó la ley de privatización de 1995. Por ello, Bruselas archiva el caso y ya no pedirá multas contra España.