LD (EFE) La Comisión Europea ha decidido abrir un procedimiento de infracción a España por el decreto "anti E-On", que amplía las competencias a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y le ha dado dos meses para que modifique esta norma o justifique de forma "suficiente" los cambios.
El portavoz europeo de Mercado Interior, Oliver Drewes, explicó que "hoy mismo" saldrá de Bruselas la carta de emplazamiento –primer paso en este tipo de procedimientos– en la que piden explicaciones sobre la nueva normativa que regula las competencias de la CNE y que da a este organismo "amplios poderes que puede usar muy fácilmente".
La Comisión considera que la CNE tiene ahora "poderes amplios y discrecionales que no están justificados", lo que vulnera el principio de libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.
Drewes precisó que la Comisión Europea está "preocupada" por las modificaciones introducidas por este decreto-ley, que fue aprobado tras la OPA de la energética alemana E.ON sobre la española Endesa, y que dan "más o menos, carta blanca" a la CNE. Por ello, la Comisión pide a España que modifique su decisión o, si la considera "adecuada", que la justifique.
Si Bruselas considera que los argumentos españoles no son suficientes, se pasaría a la segunda fase del procedimiento de infracción, que sería un dictamen motivado, y que es previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. El plazo para que España responda a la primera carta finalizará "alrededor del 3 de julio", indicó Drewes, que aseguró que la Comisión "confía en que no tendrá que dar el segundo paso".
La ampliación de las competencias de la CNE ha sido considerada por el Ejecutivo comunitario como un intento de obstaculizar la OPA del grupo energético alemán E.On sobre la eléctrica española Endesa, que ya era objeto de otra OPA por parte de Gas Natural.
La Comisión Europea aprobó, el pasado 25 de abril, la OPA de E.ON sobre Endesa al considerar que no deteriorará de forma significativa la competencia, ni en el mercado español, ni en el europeo.
El portavoz europeo de Mercado Interior, Oliver Drewes, explicó que "hoy mismo" saldrá de Bruselas la carta de emplazamiento –primer paso en este tipo de procedimientos– en la que piden explicaciones sobre la nueva normativa que regula las competencias de la CNE y que da a este organismo "amplios poderes que puede usar muy fácilmente".
La Comisión considera que la CNE tiene ahora "poderes amplios y discrecionales que no están justificados", lo que vulnera el principio de libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.
Drewes precisó que la Comisión Europea está "preocupada" por las modificaciones introducidas por este decreto-ley, que fue aprobado tras la OPA de la energética alemana E.ON sobre la española Endesa, y que dan "más o menos, carta blanca" a la CNE. Por ello, la Comisión pide a España que modifique su decisión o, si la considera "adecuada", que la justifique.
Si Bruselas considera que los argumentos españoles no son suficientes, se pasaría a la segunda fase del procedimiento de infracción, que sería un dictamen motivado, y que es previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. El plazo para que España responda a la primera carta finalizará "alrededor del 3 de julio", indicó Drewes, que aseguró que la Comisión "confía en que no tendrá que dar el segundo paso".
La ampliación de las competencias de la CNE ha sido considerada por el Ejecutivo comunitario como un intento de obstaculizar la OPA del grupo energético alemán E.On sobre la eléctrica española Endesa, que ya era objeto de otra OPA por parte de Gas Natural.
La Comisión Europea aprobó, el pasado 25 de abril, la OPA de E.ON sobre Endesa al considerar que no deteriorará de forma significativa la competencia, ni en el mercado español, ni en el europeo.
Aún quedan pendientes otros dos procedimientos más
El procedimiento abierto este miércoles se une a otros dos ya iniciados por el Ejecutivo comunitario a España en el área de la energía, en uno de los cuales se espera una decisión de Bruselas en "las próximas semanas", según Drewes. El Ejecutivo prevé denunciar por segunda vez a España "bastante pronto", puede que antes del mes de julio, por haber incumplido una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de mayo de 2003 que declaró ilegal la denominada "acción de oro" que confiere al gobierno poderes especiales sobre las empresas privatizadas.
En su sentencia, el Tribunal hacía referencia a los reales decretos relativos a Endesa, Repsol, Telefónica de España, Telefónica Móviles, Argentaria y Tabacalera, en la medida en que establecían la aplicación de un régimen de autorización administrativa previa, lo que viola el principio de libre circulación de capitales. Desde que se hizo pública la sentencia, España no ha modificado la ley y, aunque las autoridades ya han informado a Bruselas de que están en vías de hacerlo, el procedimiento de infracción no se parará hasta que la nueva norma entre en vigor.
Esa denuncia se uniría a la decidida el pasado 4 de abril por la ley de 1999 y la modificación de 2003 que limitaban los derechos de voto de las inversiones de empresas estatales extranjeras en el sector español de la energía. En este caso, la Comisión también considera que esas disposiciones "constituyen restricciones injustificadas de la libre circulación de capitales que infringen las normas" de los tratados de la UE.