LD (EFE) Según explicó el ministro italiano de Industria, Antonio Marzano,
la nueva ley permitirá intervenir en las empresas con más de mil trabajadores y una deuda superior a los 1.000 millones de euros que se encuentren en estado de insolvencia.
Las sociedades afectadas serán gestionadas por un comisario extraordinario con amplios poderes y que será nombrado por el Gobierno para preservar la continuidad de la empresa.
Marzano aseguró que el decreto será publicado en el Boletín Oficial del Estado –requisito indispensable para su entrada en vigor– de forma "muy rápida" y aseguró que el objetivo de la iniciativa en el caso de Parmalat es "salvaguardar el empleo, no a los accionistas ni a la directiva". El ministro añadió que la nueva ley permitirá intervenir con urgencia y superar la "lentitud" de normativas precedentes sobre crisis industriales, y que en el caso de empresas agroalimentarias -como Parmalat- su departamento actuará en coordinación con el ministerio de Agricultura.
La Fiscalía de Milán investiga un agujero de 7.000 millones
Parmalat es la mayor empresa alimentaria italiana, emplea a 37.000 personas en todo el mundo, factura casi 8.000 millones de euros anuales y arrastra una deuda bruta de más de 6.000 millones de euros. La Fiscalía de Milán que investiga las presuntas irregularidades contables en la sociedad señaló este martes que el "agujero" financiero se sitúa en torno a los 7.000 millones de euros.
De ese dinero, 3.950 millones de euros proceden de un documento "fantasma" en el que se había escaneado el logotipo de Bank of America y en el que la financiera del grupo, Bonlat, había pretendido hacer creer en la existencia de esos fondos. El resto del dinero serían bonos que Parmalat había hecho reflejar en sus balances pero que en realidad eran inexistentes. La Fiscalía ha interrogado ya a Fausto Tonna, ex director financiero de Parmalat, y a diversos contables de la empresa.