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Berlusconi aprueba su reforma de las pensiones pese al rechazo unánime de los sindicatos

Tras meses de conversaciones y propuestas, el Consejo de Ministros italiano ha aprobado, para su remisión al Parlamento, la reforma de las pensiones en virtud de la cual, a partir de 2008, un trabajador se podrá jubilar tras haber cotizado 40 años, o bien 35, siempre que haya cumplido los sesenta años de edad.

LD (EFE) Los sindicatos ya han anunciado movilizaciones por el cambio en
el actual sistema, que prevé el acceso a la pensión a los 57 años de edad, después de 35 de contribuciones a la Seguridad Social.
 
Tras meses de conversaciones y propuestas, el Gabinete ha aprobado, para su remisión al Parlamento, un modelo que introduce diversas reformas, aunque confirma el sistema actual por el que el umbral máximo para jubilarse y conseguir una pensión no contributiva son 65 años en el caso de los hombres y sesenta para las mujeres, siempre que no se haya cotizado el período exigido.
 
El ministro de Trabajo, Roberto Maroni, ha mostrado su confianza en que el proyecto sea ley antes de junio, aunque las medidas no entrarán en vigor hasta 2008, con la obligación de haber cotizado 40 años, o al menos 35, siempre que se hayan cumplido los sesenta años de edad. Según este proyecto de ley, en 2010 se accederá a la pensión a los 61 años, con al menos 35 de contribuciones. El texto establece también que se estudiará la evolución del modelo para que, eventualmente, en 2014, la edad se eleve a 62 años.
 
El objetivo es prolongar la vida laboral de los italianos porque cuando la ley entre en vigor, hacia el verano según la previsión de Maroni, se pondrá en marcha un sistema de incentivos para que los trabajadores no se jubilen aunque legalmente puedan. Así, hasta finales de 2007, quien decida mantenerse en activo pese a cumplir las condiciones para jubilarse podrá incrementar su salario hasta un 32,7 por ciento.
 
El Ejecutivo de centroderecha considera que cuando el modelo entre en vigor habrá un ahorro de unos 8.000 millones de euros al año, equivalentes al 0,7 por ciento del PIB. El proyecto prevé, asimismo, que la cantidad que en concepto de liquidación recibe cada trabajador cuando abandona un empleo –tanto si es una decisión voluntaria como si es despedido– pueda destinarse a un fondo alternativo de pensiones, pero sin que sea obligatorio, en contra de su propuesta inicial.
              
No obstante, los sindicatos ven en la reforma un empeoramiento del modelo actual, en especial porque obligará a los trabajadores a permanecer en activo al menos tres años más. Por eso, después de reunirse anoche con Maroni, quien les explicó el proyecto de ley, los líderes de las centrales anunciaron movilizaciones para oponerse a lo que consideran un modelo perjudicial para los trabajadores.

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