LD (Europa Press) La elección de Iberdrola implica que el banco, cuyos consejeros en Repsol YPF han presentado este jueves su renuncia, sólo podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a un 3 por ciento en la petrolera, a pesar de que controla más del 5 por ciento, salvo para aprobar las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.
BBVA no podrá tampoco adoptar ningún pacto de participación recíproca en el capital o en los derechos de voto con otros accionistas de Repsol YPF, ni ejercer los derechos de información que eventualmente se reconocieran a los accionistas con participación superior al 3 por ciento, según establece la normativa.
La ley también le imposibilita para celebrar acuerdos o pactos con otros accionistas que tengan por objeto adoptar o bloquear la adopción de acuerdos sociales en la junta de Repsol YPF.
La renuncia a la representación en la petrolera presidida por Antonio Brufau no implica que BBVA vaya a vender el 5,61 por ciento de Repsol YPF, sino que responde a la exigencia del regulador, que le concedió un mes para decidir en qué consejo de las dos compañías se quedaba. Fuentes financieras aseguraron que la salida del consejo no varía la vocación de banco de conservar su participación por encima del 5 por ciento con criterios de permanencia.
Así, el grupo presidido por Francisco González deja los dos puestos de consejeros en Repsol, actualmente ocupados en su representación por Manuel González Cid y Gregorio Villalabeitia, para conservar el sillón de Iberdrola, en el que sienta a José María Cadenato. El banco no ha utilizado, por tanto, la posibilidad de recurrir la decisión de la CNE por vía ordinaria ante el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, pese a que era disconforme con la decisión del regulador.
La resolución del CNE es consecuencia al nuevo listado de operadores dominantes en los sectores energéticos, que incorporó a Iberdrola entre las cinco empresas principales del sector de gas, junto a Repsol-YPF-Gas Natural. Según las medidas liberalizadoras de la economía introducidas por el PP en junio de 2000, un mismo accionista no puede ejercer derechos de voto por encima del 3 por ciento en dos o más empresas consideradas operadores principales en un mismo mercado energético ni estar en el consejo de dos empresas relevantes del mismo sector energético.