El Gobierno sigue haciendo trampas en el gasto público para intentar dar una imagen de austeridad de cara al exterior. Primero fue la reforma del sistema de pensiones, luego el plan de reducción de 50.000 millones de gasto en los tres próximos años, y ahora le toca el turno a los funcionarios.
El Gobierno aprobó el pasado martes la Oferta de Empleo Público para 2010, que recorta en un 87% las plazas de nuevo ingreso, desde las 15.084 de 2009 a un total de 1.989 este año. Según anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa de la Vega, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la oferta prevista supondrá un ahorro de 280 millones de euros respecto a 2009, con lo que cumple con los criterios de "contención" que inspiran el plan de austeridad en el que se enmarca y "respeta" el acuerdo alcanzado con los sindicatos de la función pública.
Nada más lejos de la realidad, ya que los funcionarios acusan al Gobierno de engañarles en la oferta de empleo público. "El 25 de septiembre firmamos una tasa de reposición del 15% y ahora el Gobierno lo ha bajado al 10% de forma unilateral". Con estas palabras denunció en esRadio Miguel Borra, portavoz del sindicato CSI-CSIF, el anuncio de la vicepresidenta.
Pero el engaño no afecta sólo a los funcionarios, sino que se extiende a las instituciones económicas, analistas y responsables europeos. La austeridad brilla por su ausencia, ya que el gasto en personal se ha disparado en 71.326.000 euros más de lo previsto, según el cálculo que ha realizado el portavoz de Función Pública del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Barrachina.
CSIF asegura al diario ABC que la reducción de la oferta tiene trampa, ya que lo que hacen es contratar a laborales e interinos, con lo que la factura sigue siendo la misma, o mayor, como así ha sucedido.
Este aumento de gasto fue confirmado recientemente por el secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, en una reciente comparecencia parlamentaria, cuando reconoció que las previsiones de gasto eran de un 2,7%, pero la realidad es que, en los meses de enero y febrero, se ha disparado a un 4,6%. Sin embargo, Ocaña no se atrevió a dar la cifra exacta del sobrecoste que este fallo en la previsión ha tenido para las cuentas públicas española.