(Libertad Digital) El Parlamento Vasco ha recibido este lunes por la mañana, por correo ordinario, la providencia del Tribunal Supremo que otorga cinco días de plazo para proceder a la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak (SA), nombre que se puso el grupo de Batasuna para evitar la acción judicial ante su disolución. Una vez recibida la providencia, comienza a correr el plazo de cinco días otorgado por el Supremo, que concluirá el próximo sábado. No obstante, la Cámara ya decidió el pasado viernes en la Junta de Portavoces, con los votos de PNV, Eusko Alkartasuna y Sozialista Abertzaleak, rechazar la propuesta que había hecho el presidente Juan María Atutxa para posibilitar la disolución de grupos. El presidente anunció entonces que, a principios de esta semana, comunicaría al Tribunal Supremo la decisión y la consiguiente imposibilidad, según Atutxa, de disolver al grupo de la antigua Batasuna y cumplir así el auto dictado por este órgano judicial.
Este mismo lunes, el presidente de la Cámara vasca ha remitido los documentos al Tribunal Supremo con la resolución del viernes de la Junta de Portavoces. Según confirmaron fuentes de la Presidencia del Legislativo de Vitoria, Atutxa enviaría al presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, las actas de la Junta de Portavoces del viernes y de la reunión previa de la Mesa, el jueves. En esa reunión de la Mesa se aprobó, a propuesta de Atutxa, una iniciativa para incluir en el reglamento del Parlamento un mecanismo que posibilitase disolver grupos, pero dicha iniciativa fue rechazada al día siguiente en la Junta de Portavoces por PNV, EA y la antigua Batasuna. Junto con las actas de las dos reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, el presidente del Parlamento Vasco tiene previsto remitir al del Supremo una copia del informe elaborado por los servicios jurídicos del Legislativo, en el que se consideraba el auto de disolución de Sozialista Abretzaleak como una "invasión" de competencias por parte del Poder Judicial en el Legislativo.
Mientras, fuentes del Supremo han confirmado que el Tribunal esperará a que concluyan los cinco días de plazo, este próximo sábado. Si no se ha ejecutado la disolución a esa fecha, se lo comunicará al fiscal para que inicie un proceso contra los responsables de esta desobediencia judicial. Finalmente, si el caso prospera, Atutxa y los portavoces que votaron en contra de la disolución de ETA-Batasuna podrían ser condenados a una pena de entre 6 meses y 2 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Sin embargo, los documentos que remite Atutxa al Supremo pretenden ser su argumento de defensa si finalmente se inicia un proceso contra él, ya que tratará de argumentar que, desde su puesto como presidente de la Cámara, hizo todo lo posible para facilitar el cumplimiento de la sentencia de disolución del grupo Sozialista Abertzaleak, al promover un cambio en el reglamento de la Cámara que facilitase dicha disolución. Sin embargo, Atutxa podría haber disuelto al grupo sin más.
Como dicho cambio no fue aceptado en la votación de la Junta de Portavoces, Atutxa argumentará que la cuestión ya no es algo que dependa de él y, por tanto, no es responsable de las decisiones que, democráticamente, toma la Junta de Portavoces.
Este mismo lunes, el presidente de la Cámara vasca ha remitido los documentos al Tribunal Supremo con la resolución del viernes de la Junta de Portavoces. Según confirmaron fuentes de la Presidencia del Legislativo de Vitoria, Atutxa enviaría al presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, las actas de la Junta de Portavoces del viernes y de la reunión previa de la Mesa, el jueves. En esa reunión de la Mesa se aprobó, a propuesta de Atutxa, una iniciativa para incluir en el reglamento del Parlamento un mecanismo que posibilitase disolver grupos, pero dicha iniciativa fue rechazada al día siguiente en la Junta de Portavoces por PNV, EA y la antigua Batasuna. Junto con las actas de las dos reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, el presidente del Parlamento Vasco tiene previsto remitir al del Supremo una copia del informe elaborado por los servicios jurídicos del Legislativo, en el que se consideraba el auto de disolución de Sozialista Abretzaleak como una "invasión" de competencias por parte del Poder Judicial en el Legislativo.
Mientras, fuentes del Supremo han confirmado que el Tribunal esperará a que concluyan los cinco días de plazo, este próximo sábado. Si no se ha ejecutado la disolución a esa fecha, se lo comunicará al fiscal para que inicie un proceso contra los responsables de esta desobediencia judicial. Finalmente, si el caso prospera, Atutxa y los portavoces que votaron en contra de la disolución de ETA-Batasuna podrían ser condenados a una pena de entre 6 meses y 2 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Sin embargo, los documentos que remite Atutxa al Supremo pretenden ser su argumento de defensa si finalmente se inicia un proceso contra él, ya que tratará de argumentar que, desde su puesto como presidente de la Cámara, hizo todo lo posible para facilitar el cumplimiento de la sentencia de disolución del grupo Sozialista Abertzaleak, al promover un cambio en el reglamento de la Cámara que facilitase dicha disolución. Sin embargo, Atutxa podría haber disuelto al grupo sin más.
Como dicho cambio no fue aceptado en la votación de la Junta de Portavoces, Atutxa argumentará que la cuestión ya no es algo que dependa de él y, por tanto, no es responsable de las decisiones que, democráticamente, toma la Junta de Portavoces.