L D (EFE) Según el portavoz de la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae), Fernando Herrero, el "gancho" de estos productos es la comodidad que supone la rebaja de las cuotas de los créditos, que pueden pasar de 1.300 euros al mes a 800. Pero el usuario no tiene en cuenta que esto, a la larga, tienen un coste financiero. La reunificación lleva consigo el coste de las operaciones de cancelación de los créditos menores, de la ampliación de la hipoteca y de las comisiones que cobran las empresas que se dedican a ello, y que en algunos casos asciende al 7 por cien, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Por ello, esta opción puede resultar mucho más cara que la negociación de la ampliación o renovación del crédito con el propio banco, recuerda la OCU. La agrupación de los créditos en un tipo de interés más bajo tendría ventajas si se mantuvieran los plazos de amortización, pero éstos se amplían y, al final, se paga menos, pero durante más tiempo y esto puede incrementar el coste total en un 30 por cien, explica Herrero. "El consumidor debe saber qué es lo que está pagando para decidir si está dispuesto a pagar un precio tan elevado por la comodidad", agregó. A su juicio, el problema se agrava si se tiene en cuenta que no existe una regulación específica sobre el sector.
En este sentido, el pasado mes de diciembre la Asociación Nacional de Establecimientos financieros de Crédito (Anef) reclamó que la actividad de estas empresas debería estar regulada por el Banco de España para garantizar su transparencia. Tampoco existe la figura de la suspensión de pagos familiar, una vieja reclamación de las asociaciones de consumidores que, "a pesar de las promesas", no se ha llegado a formalizar, recuerda Herrero. A su juicio, la Ley Concursal, que entró en vigor en 2004 y a la que se han adherido algunas familias para evitar la quiebra, está pensada para empresas y acogerse a ella tiene un "enorme coste que puede llegar a los 12.000 euros".
Esta es también la impresión de la directora del Registro de Economistas Forenses del Consejo General de Economistas (Refor), Inés Landín, quien reconoce que son muy pocas las personas que se han acogido a dicha ley. "Resulta muy caro porque la norma exige publicar los documentos en el BOE; además hay que pagar al abogado unos 4.000 euros y al procurador otros 1.000 para intentar llegar a un acuerdo que puede que no se alcance", por lo que no resulta muy práctico, resalta Landín. Para evitar estas situaciones, sentencia Landín, no hay recetas mágicas sino sentido común: contener el gasto, evitar las compras por impulso, hacer listas de las cosas que realmente se necesitan, y, por supuesto, contención en las rebajas.
Según una encuesta realizada por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, un 16 por ciento de los usuarios que salen de rebajas reconoce que compra cosas que no utiliza nunca, un 13 por ciento se arrepiente de lo que ha adquirido y un 20 por ciento se pasa del presupuesto.
Por ello, esta opción puede resultar mucho más cara que la negociación de la ampliación o renovación del crédito con el propio banco, recuerda la OCU. La agrupación de los créditos en un tipo de interés más bajo tendría ventajas si se mantuvieran los plazos de amortización, pero éstos se amplían y, al final, se paga menos, pero durante más tiempo y esto puede incrementar el coste total en un 30 por cien, explica Herrero. "El consumidor debe saber qué es lo que está pagando para decidir si está dispuesto a pagar un precio tan elevado por la comodidad", agregó. A su juicio, el problema se agrava si se tiene en cuenta que no existe una regulación específica sobre el sector.
En este sentido, el pasado mes de diciembre la Asociación Nacional de Establecimientos financieros de Crédito (Anef) reclamó que la actividad de estas empresas debería estar regulada por el Banco de España para garantizar su transparencia. Tampoco existe la figura de la suspensión de pagos familiar, una vieja reclamación de las asociaciones de consumidores que, "a pesar de las promesas", no se ha llegado a formalizar, recuerda Herrero. A su juicio, la Ley Concursal, que entró en vigor en 2004 y a la que se han adherido algunas familias para evitar la quiebra, está pensada para empresas y acogerse a ella tiene un "enorme coste que puede llegar a los 12.000 euros".
Esta es también la impresión de la directora del Registro de Economistas Forenses del Consejo General de Economistas (Refor), Inés Landín, quien reconoce que son muy pocas las personas que se han acogido a dicha ley. "Resulta muy caro porque la norma exige publicar los documentos en el BOE; además hay que pagar al abogado unos 4.000 euros y al procurador otros 1.000 para intentar llegar a un acuerdo que puede que no se alcance", por lo que no resulta muy práctico, resalta Landín. Para evitar estas situaciones, sentencia Landín, no hay recetas mágicas sino sentido común: contener el gasto, evitar las compras por impulso, hacer listas de las cosas que realmente se necesitan, y, por supuesto, contención en las rebajas.
Según una encuesta realizada por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, un 16 por ciento de los usuarios que salen de rebajas reconoce que compra cosas que no utiliza nunca, un 13 por ciento se arrepiente de lo que ha adquirido y un 20 por ciento se pasa del presupuesto.