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Así vende Moncloa su reforma laboral

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha seguido al pie de la letra el guión que ha elaborado el Gobierno para tratar de vender a la opinión pública su reforma laboral. El texto condensa en siete folios el argumentario socialista sobre la materia, plagado de contradicciones.

Los miembros del Gobierno no se salen del guión preestablecido por Moncloa para defender su reforma laboral ante la opinión pública. Así, los ministros, y en especial el responsable de Trabajo, Celestino Corbacho, pese a no ser un experto en la materia, se están dedicando a repetir, una y otra vez, las bondades del decreto, que entra en vigor este viernes.

El mensaje es claro: la reforma es buena porque servirá para "mejorar la productividad, estimular la contratación indefinida y situar el despido como la última solución y no la primera". Sin embargo, la primera contradicción relevante llega en la primera página bajo el título "¿Por qué es necesaria esta reforma?".

Los asesores justifican el cambio de la regulación laboral en dos ejes:

Porque el modelo laboral que hay en España, que es prácticamente el mismo desde hace 20 años, se ha quedado antiguo y es ineficaz. Crea problemas para los trabajadores, para las empresas y para la economía.

No podemos seguir con el mismo modelo laboral ni el mismo modelo productivo de hace 20 años, porque la realidad de hoy es otra. Vivimos en un mundo en el que se producen cambios a velocidad vertiginosa y que funciona con un mercado altamente competitivo. Un nuevo modelo productivo requiere y exige un nuevo mercado laboral.

Pero si tan urgente y necesaria era la reforma, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué el presidente del Gobierno y el responsable de Trabajo no han criticado desde el inicio de la crisis la rigidez del actual mercado laboral?

Contradicciones internas

Y es que, según reitera ahora el Gobierno, el cambio servirá para "dinamizar el mercado de trabajo y crear empleo estable y de calidad. Y PARA SOLUCIONAR los principales problemas que tiene el mercado laboral en España que son el PARO y la DUALIDAD".

Es decir, que según este argumentario, el Ejecutivo reconoce que el marco vigente hasta ahora era, como mínimo, un importante obstáculo para generar empleo. ¿Dónde quedan los mensajes de que el liderazgo del paro español a nivel internacional poco o nada tenían que ver con la regulación existente?

No obstante, el argumentario socialista admite que el objetivo de la reforma es incorporar en España "cuestiones que tienen los demás países europeos, que les han permitido en esta crisis mantener mucho más y mejor el empleo, y en todo momento aumentar más su productividad, los salarios reales y la calidad del empleo". Una retorcida vuelta de tuerca para acabar admitiendo lo que la mayoría de analistas y organismos internacionales llevan denunciando desde el inicio de la crisis.

Por otro lado, los ministros tienen que insistir en que el decreto servirá para fomentar el empleo indefinido mediante la reducción de los contratos temporales pero, sobre todo, para flexibilizar la actividad de las empresas:

La reforma permitirá que "se introduzcan mecanismos de adaptación, de flexibilidad y seguridad que permitan a las empresas poder reaccionar a las condiciones del mercado, PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD, PRESERVAR SU VIABILIDAD y, con ella, EL EMPLEO".

Se mantiene el poder sindical y judicial

¿Cómo? Según el texto, dando "margen" a las empresas que atraviesan "periodos de dificultades derivados de caídas de la demanda o recesiones" para que puedan "reducir horarios, ajustar turnos, modificar funciones de trabajo y la aplicación efectiva de cláusulas de descuelgue salarial".

Y es aquí donde llega la segunda gran contradicción, ya que el supuesto margen brilla por su ausencia ya que, tal y como insiste el Gobierno, la reforma mantiene "la red de derechos de los trabajadores; la posición de los agentes sociales [sindicatos] en la negociación colectiva; y la tutela normativa y judicial". Es decir, hay cambio, pero no hay cambio, puesto que los ejes clave del mercado laboral (sindicalismo y judicialización) se mantienen intactos, tal y como avanzó LD.

Además, las empresas "NO" podrán imponer "UNILATERALMENTE" estos cambios. La reforma contempla que estos cambios tendrán que establecerse "mediante acuerdo de empresa y trabajadores o, de no alcanzarse, sometiéndose ambas partes a la decisión de un árbitro".

Se trata, pues, de un cambio sustancial respecto al último borrador de la reforma, que sí incluía tal posibilidad siempre y cuando la empresa estuviera en pérdidas. El Gobierno ha dado marcha atrás. Todo lo relacionado con el despido y los cambios internos en las condiciones laborales dependerán, en última instancia, de los sindicatos y los jueces. De ahí, las críticas de los empresarios al decreto.

No cita el despido objetivo

Por otro lado, llama la atención que no exista ni una sola mención a uno de los puntos más importantes del debate sobre la reforma laboral: las causas objetivas para aplicar un despido procedente (con 20 de días de indemnización por año trabajado).

El argumentario no entra en este ámbito, tan sólo señala que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) sufragará parte del coste del despido (8 días) de los contratos ordinarios de 45 días y de los de Fomento del Empleo, de 33 días. Tercera gran contradicción de la reforma: ¿cómo se abarata el coste del despido?

"Hasta que se ponga en marcha el Fondo de capitalización (modelo austriaco), el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que se nutre de las cotizaciones empresariales* abonará, 8 días de indemnización de los contratos ordinarios de 45 días y de los de Fomento del Empleo, de 33 días. De esta forma, el trabajador seguirá cobrando toda su indemnización, pero las empresas tendrán que pagar menos".

Sin embargo, al mismo tiempo destaca lo siguiente:

"* NO SUPONE, POR TANTO, NINGÚN AUMENTO DE GASTO PARA EL ESTADO. EL FOGASA ABONARÁ 8 DÍAS DE INDEMNIZACIÓN

La cuestión es que el Fogasa es un fondo sufragado por los empresarios. Si el Estado no se hace cargo, en realidad, los empresarios seguirán pagando la totalidad del coste del despido, como hasta ahora.

Pese a todo, el argumentario, como no podía ser menos, concluye ensalzando las bondades del decreto: "beneficia a los trabajadores, a las empresas y al país en su conjunto". El lema final del guión lo resume a la perfección el mensaje que intenta e intentará vender el Gobierno a partir de ahora:

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