"Las deudas de 2010 se van a pagar. Que se pagan, se pagan, independientemente del estado en que se encuentre el juicio", afirmó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en medio del escándalo entre el Gobierno y el Banco Central por la creación del "Fondo del Bicentenario" para el pago de deudas con reservas monetarias.
La jueza María José Sarmiento, que el viernes suspendió el decreto presidencial que dispone el uso de reservas, resolvió este lunes que la causa entre en un proceso común y deje de ser, como hasta ahora, un trámite urgente de acción de amparo.
El conflicto estalló en unos momentos en que Argentina prepara una oferta para refinanciar bonos en mora por unos 20.000 millones de dólares en manos de acreedores que rechazaron la reestructuración de 2005, con la que el país salió del cese de pagos de 2001.
En los círculos financieros se conjetura que la oferta de refinanciación se aplazará cuanto menos hasta mediados de febrero próximo.
Aníbal Fernández volvió a cuestionar la suspensión del decreto y consideró que, de pagar con reservas, el Estado se ahorraría "800 millones de dólares" por el acceso a mejores tasas, en comparación a otros mecanismos de financiación.
"Por no comprender las medidas que se están llevando a cabo, estaríamos perdiendo nada menos que 13,5 millones de dólares por cada 100 millones que colocaríamos en la plaza" financiera, sostuvo el jefe del gabinete en declaraciones a la radio La Red, de Buenos Aires.
El Gobierno de Cristina Fernández espera ahora que la justicia resuelva la apelación que presentó a la suspensión de este decreto y del que cesó al frente del Banco Central a Martín Redrado, que fue restituido por la juez Sarmiento.
Sarmiento entendió que el Parlamento, que está en receso, es el que tiene potestad para decidir sobre la utilización de las reservas monetarias así como el cese del presidente del instituto monetario.
El jefe de Gabinete reiteró que Sarmiento "tiene respuestas políticas cuando en realidad debería tener respuestas judiciales" al conflicto.