Eso dijo este domingo Javier Arenas, presidente del PP-A, que además aseguró que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el proyecto de ley de reordenación del sector público andaluz al objeto de que "se respete la dignidad de los funcionarios", después de que el PSOE-A haya rechazado este viernes, durante el trámite de ponencia en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento, las 42 enmiendas que el PP-A ha planteado a dicho proyecto de ley.
Ante la campaña de miedo instigada desde el PSOE según la cual el PP piensa despedir a miles de empleados en las empresas públicas, el presidente de los populares andaluces aseguró que ningún funcionario "debe temer bajo ningún concepto" por su puesto de trabajo si su formación llega al poder, aunque, por el contrario, ha apostillado que los que sí debería temer son los que actualmente están "colocados por la Junta de Andalucía".
Cuenta este lunes ABC que Arenas ha criticado que los socialistas no hayan aceptado "ni una sola enmienda" de las 42 presentadas por su formación al proyecto de ley, por lo que aseveró que el PP-A "volverá al Constitucional", puesto que ya lo hizo presentando un recurso de inconstitucionalidad el pasado mes de octubre contra el decreto ley de reordenación del sector público andaluz.
El debate final del proyecto de ley de reordenación del sector público, el famoso "decretazo" de Griñán con los sindicatos UGT y CC .OO, está previsto se desarrolle este mes ante el Pleno del Parlamento.
El pasado viernes, el PSOE-A rechazó, durante el trámite de ponencia en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento, las 42 enmiendas que el PP-A ha planteado al proyecto de ley, mientras que ha aceptado 13 de las 85 presentadas por IULV-CA. Las 32 enmiendas del grupo socialista quedaron incorporadas a la ponencia. Los grupos de la oposición volverán a defender este martes en comisión sus enmiendas no aceptadas.
EL PSOE dice que habrá pruebas públicas de acceso al empleo público, pero a partir de ahora. Para antes, no vale. Tras años externalizando sus funciones y menospreciando sus labores sustituyéndolos con trabajadores contratados de empresas privadas, dice el PSOE ahora que los funcionarios de carrera son la "columna vertebral" de la función pública.
Pero habla ya de "servidores públicos" para meter en el mismo saco a funcionarios, laborales, interinos, eventuales -todos ellos miembros de la Función Pública andaluza-, y a los contratados por las empresas públicas, fundaciones y entes. Es a estos a los que el PSOE quiere dar carta de naturaleza como "laborales de agencias públicas andaluzas", una vez estructuradas estas con la Administración andaluza.
Dice ahora el PSOE que quiere que la selección y el acceso del personal de los entes instrumentales de la Administración de la Junta se efectúe mediante convocatoria pública en medios oficiales y con sujeción a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Pero no lo hizo nunca hasta ahora.
Incluso añade que la designación del personal directivo de las agencias atenderá también a estos principios, junto a otros criterios de idoneidad. Serán estos los que les permitan seguir colocando a dedo a quienes les sirven con lealtad.
Una vez consolidados todos los "colocados", el PSOE dice que negociará con los sindicatos más representativos del conjunto de "servidores públicos" que, para entonces, ya serán CC.OO y UGT, hoy minoritarios entre los funcionarios. Con esta maniobra se trata de limitar el poder de las asociaciones de funcionarios y laborales independientes