(Libertad Digital) Después de dos años de investigaciones y tras descifrar los 35 ordenadores incautados en la sede central de Gescartera, los peritos del Ministerio de Hacienda han enviado sus conclusiones a la juez Teresa Palacios. Según informa este miércoles el diario El País , en el informe enviado a la Audiencia Nacional se afirma que los 42 testaferros, gracias a los que se consiguió ocultar pérdidas de 18 millones de euros, recibían una compensación mensual.
Además de estos 18 millones de euros ocultos en pérdidas, el dueño de Gescartera se apropió directamente de 7 millones de euros y sus más directos colaboradores, Javier Sierra de la Flor y José María Ruiz de la Serna, de otros 9 millones. Sin embargo, las investigaciones de Hacienda no han desvelado el destino de 42,7 de los 87 millones que desaparecieron de la agencia de Antonio Camacho.
La actividad para endosar las pérdidas a los testaferros consistía en hacer dobles operaciones de compraventa de valores a la misma hora y en un mismo día que no generaban ni pérdidas ni ganancias. Gescartera cruzaba estas operaciones en su contabilidad interna para imputar a determinadas personas las pérdidas artificiales resultantes de restar el precio más alto de compra de acciones con el precio más bajo de venta de estas acciones y, en algunos casos, se pagaban esos falsos beneficios con los fondos comunes de todos los clientes. Las falsas minusvalías eran imputadas a estos testaferros y a otros clientes que defraudaban a Hacienda, mientras que otros clientes obtenían ganancias artificiales.
Los pocos clientes beneficiados por Camacho obtenían unas ganancias extraordinarias. Era un sistema de enriquecimiento gratuito por el que se generaban ganancias atribuidas a clientes sin realizar operaciones, gracias a una elevadísima rentabilidad y en un plazo muy breve. El reparto de las ganancias artificiales se hacía mediante un sistema que en la agencia denominaban “la quiniela”. “Casualmente”, el cliente con más beneficios fue Tecnibrand, del imputado Aníbal Sardón, captador de clientes de Gescartera. Otros beneficiarios, según El País , fueron las Agustinas Misioneras, los Salesianos Inspectora de María Auxiliadora, la Orden de San Agustín, la Fundación Emilio Álvarez Gallego, las Filipenses Misioneras de Enseñanza y el Arzobispado de Valladolid.
Además de estos 18 millones de euros ocultos en pérdidas, el dueño de Gescartera se apropió directamente de 7 millones de euros y sus más directos colaboradores, Javier Sierra de la Flor y José María Ruiz de la Serna, de otros 9 millones. Sin embargo, las investigaciones de Hacienda no han desvelado el destino de 42,7 de los 87 millones que desaparecieron de la agencia de Antonio Camacho.
La actividad para endosar las pérdidas a los testaferros consistía en hacer dobles operaciones de compraventa de valores a la misma hora y en un mismo día que no generaban ni pérdidas ni ganancias. Gescartera cruzaba estas operaciones en su contabilidad interna para imputar a determinadas personas las pérdidas artificiales resultantes de restar el precio más alto de compra de acciones con el precio más bajo de venta de estas acciones y, en algunos casos, se pagaban esos falsos beneficios con los fondos comunes de todos los clientes. Las falsas minusvalías eran imputadas a estos testaferros y a otros clientes que defraudaban a Hacienda, mientras que otros clientes obtenían ganancias artificiales.
Los pocos clientes beneficiados por Camacho obtenían unas ganancias extraordinarias. Era un sistema de enriquecimiento gratuito por el que se generaban ganancias atribuidas a clientes sin realizar operaciones, gracias a una elevadísima rentabilidad y en un plazo muy breve. El reparto de las ganancias artificiales se hacía mediante un sistema que en la agencia denominaban “la quiniela”. “Casualmente”, el cliente con más beneficios fue Tecnibrand, del imputado Aníbal Sardón, captador de clientes de Gescartera. Otros beneficiarios, según El País , fueron las Agustinas Misioneras, los Salesianos Inspectora de María Auxiliadora, la Orden de San Agustín, la Fundación Emilio Álvarez Gallego, las Filipenses Misioneras de Enseñanza y el Arzobispado de Valladolid.