LD (EFE) En su recurso, Anticorrupción pide al juez que revoque su decisión y que se continúe con la acusación que pesaba sobre el ex consejero delegado del BBVA Pedro Luis Uriarte; el que fuera asesor del BBV y posteriormente secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y el ex director financiero del banco Emilio Molinuevo.
El caso Probursa comenzó a investigarse en 2002 cuando el juez Baltasar Garzón decidió solicitar toda la información sobre la adquisición, por parte del banco español, del grupo financiero mexicano Probursa en 1995 y las posibles irregularidades fiscales existentes.
La Fiscalía entiende que "el precio a que se realizó aquella operación, –decidido por BBV en España–, fue artificiosamente alto para, como obra en un informe interno firmado por un Inspector del Banco de España, importar base imponible negativa, es decir, pagar menos impuestos en España". Sin embargo, el juez Grande Marlaska defiende en su auto que el banco no actuó con ánimo defraudatorio en ningún momento durante la toma de control de Probursa y también destaca que, aunque así hubiera sido, no podría demostrarse beneficio económico para ninguno de los tres imputados.
La Fiscalía Anticorrupción, en su recurso, afirma que el banco español "importó" sus pérdidas para no pagar a Hacienda, lo que supone "un ilícito que afecta al cumplimiento de un deber constitucional como es el de contribuir". "Resulta intranquilizador y frustrante para los ciudadanos cumplidores de sus obligaciones fiscales que conductas de esta naturaleza y gravedad no lleguen ni siquiera a enjuiciarse tras una laboriosa investigación judicial", advierte el fiscal. La Fiscalía critica también que, en el auto recurrido, Grande Marlaska califique de "insignificancia" el valor de lo defraudado –un 0,50 por ciento sobre los beneficios del banco– para "banalizar el desvalor de la acción punible, cometida en su seno".
El caso Probursa comenzó a investigarse en 2002 cuando el juez Baltasar Garzón decidió solicitar toda la información sobre la adquisición, por parte del banco español, del grupo financiero mexicano Probursa en 1995 y las posibles irregularidades fiscales existentes.
La Fiscalía entiende que "el precio a que se realizó aquella operación, –decidido por BBV en España–, fue artificiosamente alto para, como obra en un informe interno firmado por un Inspector del Banco de España, importar base imponible negativa, es decir, pagar menos impuestos en España". Sin embargo, el juez Grande Marlaska defiende en su auto que el banco no actuó con ánimo defraudatorio en ningún momento durante la toma de control de Probursa y también destaca que, aunque así hubiera sido, no podría demostrarse beneficio económico para ninguno de los tres imputados.
La Fiscalía Anticorrupción, en su recurso, afirma que el banco español "importó" sus pérdidas para no pagar a Hacienda, lo que supone "un ilícito que afecta al cumplimiento de un deber constitucional como es el de contribuir". "Resulta intranquilizador y frustrante para los ciudadanos cumplidores de sus obligaciones fiscales que conductas de esta naturaleza y gravedad no lleguen ni siquiera a enjuiciarse tras una laboriosa investigación judicial", advierte el fiscal. La Fiscalía critica también que, en el auto recurrido, Grande Marlaska califique de "insignificancia" el valor de lo defraudado –un 0,50 por ciento sobre los beneficios del banco– para "banalizar el desvalor de la acción punible, cometida en su seno".
Si no prospera el recurso de Anticorrupción, el juez Grande-Marlaska habrá archivado dos de las piezas del caso BBV –iniciadas antes por el juez Baltasar Garzón–, después de que el pasado mes de marzo acordara sobreseer de manera provisional la causa por "presuntas actividades criminales de blanqueo de capitales" derivadas del narcotráfico, que denunció el testigo protegido Nelson Rodríguez, abogado de la entidad financiera en Puerto Rico hasta 1998. No obstante, está previsto que sí se celebre el juicio que se refiere a las pensiones que el abrió para sus ejecutivos el antiguo Banco Bilbao Vizcaya, con dinero procedente de cuentas secretas, más conocido como caso ALICO, que empezará el próximo 2 de noviembre.