L D (Agencias) En la exposición de sus conclusiones definitivas en el juicio oral, la fiscal Belén Suárez-Pantín pidió también una responsabilidad civil a favor del Grupo Torras cercana a los 207 millones de euros por las operaciones "Quail-Acie" y "Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria". A estas indemnizaciones reclamadas a favor de grupo Torras, habría de sumar otros 500 millones de euros pedidos en 1999 por el juez londinense Jonathan Mance, a responsables de KIO, De la Rosa y Folchi.
En la sesión de hoy en la Audiencia Nacional, el Ministerio Público reiteró su petición de penas para el ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal -cinco años de prisión- y para el consejero de Torras, Jorge Nuñez y Lasso de la Vega -once años de cárcel-, aunque rebajó de 16 a dos años de cárcel la condena reclamada para el ex director financiero de Torras, Miguel Soler, al no acusarle por la pieza Acie.
Al exponer su informe final, la fiscal afirmó que, con De la Rosa, Folchi y otros acusados, "se urde un sistema de penetración" hacia el dinero de las cuentas de Torras, "diversificando las conductas, actuaciones y pactos". En esta línea, la fiscal Belén Suárez-Pantín indicó que Quail -banco de inversión propiedad de De la Rosa- tenía limitados sus clientes casi en exclusiva al grupo Torras o sociedades relacionados con sus propietarios, por lo que mantuvo que existió una apropiación indebida de 65,44 millones de euros por parte del financiero y Jorge Nuñez y Lasso de la Vega.
También, al igual que en sus escritos anteriores a la vista oral, reiteró que existió un desvío de 6,3 millones del grupo Torras, a través de la sociedad ACIE, del que acusó a Javier De la Rosa y Juan José Folchi. En cuanto a la manipulación de las acciones de Prima Inmobiliaria a principios de los noventa, la fiscal acusó a De la Rosa, Folchi y Miguel Soler como responsables de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, que produjo un perjuicio económico al grupo Torras de 65,94 millones de euros.
En escrito de conclusiones definitivas, por las operaciones "Oakthorn 1" y "Oakthorn 2" (préstamos por 105 millones de dólares a la sociedad del mismo nombre), Anticorrupción acusa de un delito de apropiación indebida y falsedad a Javier de la Rosa y Juan José Folchi y a Jorge Nuñez y Lasso de la Vega, de otro delito de falsedad documental. Respecto a la operación Pincinco (presunta apropiación de 300 millones de dólares durante la Guerra del Golfo), el Ministerio Publico mantiene que hubo apropiación indebida y falsedad en documento mercantil por parte de Folchi, De la Rosa y Jorge Nuñez, mientras que el ex diplomático Manuel Prado cometió un delito de apropiación indebida por un montante de 80 millones de dólares, reclamados en la responsabilidad civil.
También la Fiscalía Anticorrupción pide, por diferentes pagos, a los herederos del empresario Enrique Sarasola 1,1 millones de dólares, al diputado catalán Jaume Camps 0,64 millones de euros, a los antiguos responsables de Torras, Santiago Tomeu y Manuel Guasch, 0,42 millones de euros, y al secretario del financiero de la Rosa, Arturo Piñana, 0,36 millones de euros.
En la sesión de hoy en la Audiencia Nacional, el Ministerio Público reiteró su petición de penas para el ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal -cinco años de prisión- y para el consejero de Torras, Jorge Nuñez y Lasso de la Vega -once años de cárcel-, aunque rebajó de 16 a dos años de cárcel la condena reclamada para el ex director financiero de Torras, Miguel Soler, al no acusarle por la pieza Acie.
Al exponer su informe final, la fiscal afirmó que, con De la Rosa, Folchi y otros acusados, "se urde un sistema de penetración" hacia el dinero de las cuentas de Torras, "diversificando las conductas, actuaciones y pactos". En esta línea, la fiscal Belén Suárez-Pantín indicó que Quail -banco de inversión propiedad de De la Rosa- tenía limitados sus clientes casi en exclusiva al grupo Torras o sociedades relacionados con sus propietarios, por lo que mantuvo que existió una apropiación indebida de 65,44 millones de euros por parte del financiero y Jorge Nuñez y Lasso de la Vega.
También, al igual que en sus escritos anteriores a la vista oral, reiteró que existió un desvío de 6,3 millones del grupo Torras, a través de la sociedad ACIE, del que acusó a Javier De la Rosa y Juan José Folchi. En cuanto a la manipulación de las acciones de Prima Inmobiliaria a principios de los noventa, la fiscal acusó a De la Rosa, Folchi y Miguel Soler como responsables de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, que produjo un perjuicio económico al grupo Torras de 65,94 millones de euros.
En escrito de conclusiones definitivas, por las operaciones "Oakthorn 1" y "Oakthorn 2" (préstamos por 105 millones de dólares a la sociedad del mismo nombre), Anticorrupción acusa de un delito de apropiación indebida y falsedad a Javier de la Rosa y Juan José Folchi y a Jorge Nuñez y Lasso de la Vega, de otro delito de falsedad documental. Respecto a la operación Pincinco (presunta apropiación de 300 millones de dólares durante la Guerra del Golfo), el Ministerio Publico mantiene que hubo apropiación indebida y falsedad en documento mercantil por parte de Folchi, De la Rosa y Jorge Nuñez, mientras que el ex diplomático Manuel Prado cometió un delito de apropiación indebida por un montante de 80 millones de dólares, reclamados en la responsabilidad civil.
También la Fiscalía Anticorrupción pide, por diferentes pagos, a los herederos del empresario Enrique Sarasola 1,1 millones de dólares, al diputado catalán Jaume Camps 0,64 millones de euros, a los antiguos responsables de Torras, Santiago Tomeu y Manuel Guasch, 0,42 millones de euros, y al secretario del financiero de la Rosa, Arturo Piñana, 0,36 millones de euros.