LD (EFE) Esta solicitud ha sido remitida oficialmente por el consejero de la Presidencia del Gobierno andaluz, Gaspar Zarrías, en un escrito enviado a la Presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Conferencia de Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas del Ministerio de Administraciones Públicas.
El escrito se produce tras la reunión del miércoles entre el consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, y la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, en la que acordaron la petición del recurso que, una vez recibido por el Gobierno, debe presentarse ante el Tribunal de la UE en el plazo fijado, que es de dos meses y 14 días desde la aprobación del reglamento comunitario.
La Junta solicita al Gobierno la "impugnación" ante el Tribunal Europeo del reglamento del Consejo de 29 de abril de 2004, por el que se modifica el de 2003, en el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda directa en el marco de la Política Agraria Común.
Según la petición de la Junta de Andalucía, esta modificación del reglamento afecta "gravemente a los intereses de la Comunidad Autónoma” e infringe el derecho comunitario. El texto enviado afirma que la desvinculación de la producción del 65 por ciento de las ayudas atenta contra un derecho primario de España, ya que el Tratado de Adhesión a la UE recoge la ayuda a la producción.
Zarrías alertó de que los efectos de esta reforma provocarían una "progresiva desaparición" del cultivo en el territorio andaluz y afectaría no sólo a los algodoneros sino también a todo el entorno rural y agrícola relacionado con el sector, donde destacan los 2.000 empleos directos y los 4.000 indirectos en industrias desmotadoras. En su opinión, la reforma no sólo no provocará un aumento de la renta agraria en el sector, sino "justamente lo contrario".
El escrito se produce tras la reunión del miércoles entre el consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, y la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, en la que acordaron la petición del recurso que, una vez recibido por el Gobierno, debe presentarse ante el Tribunal de la UE en el plazo fijado, que es de dos meses y 14 días desde la aprobación del reglamento comunitario.
La Junta solicita al Gobierno la "impugnación" ante el Tribunal Europeo del reglamento del Consejo de 29 de abril de 2004, por el que se modifica el de 2003, en el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda directa en el marco de la Política Agraria Común.
Según la petición de la Junta de Andalucía, esta modificación del reglamento afecta "gravemente a los intereses de la Comunidad Autónoma” e infringe el derecho comunitario. El texto enviado afirma que la desvinculación de la producción del 65 por ciento de las ayudas atenta contra un derecho primario de España, ya que el Tratado de Adhesión a la UE recoge la ayuda a la producción.
Zarrías alertó de que los efectos de esta reforma provocarían una "progresiva desaparición" del cultivo en el territorio andaluz y afectaría no sólo a los algodoneros sino también a todo el entorno rural y agrícola relacionado con el sector, donde destacan los 2.000 empleos directos y los 4.000 indirectos en industrias desmotadoras. En su opinión, la reforma no sólo no provocará un aumento de la renta agraria en el sector, sino "justamente lo contrario".