LD (Europa Press) Las inmobiliarias afectadas –Inversiones Dos Mares SL, Faher Holydays SL, Bureau Investment y Nuevo Pozo Estrecho SA– consideran que la iniciativa de Greenpeace "ha provocado el hundimiento del mercado inmobiliario y de servicios de la zona afectada".
En concreto, la campaña "Photoclima. Imágenes de un futuro amenazado por el cambio climático" alertaba sobre los efectos negativos que el cambio climático tendría en distintas zonas de la costa como La Manga del Mar Menor, los deltas del Ebro y el Llobregat, el Cabo de Gata, la costa de Doñana o zonas de marisma del Golfo de Cádiz. En esta campaña, tal y como se puede ver en estas imágenes, Greenpeace alertaba del hundimiento de La Manga bajo las aguas.
En concreto, la campaña "Photoclima. Imágenes de un futuro amenazado por el cambio climático" alertaba sobre los efectos negativos que el cambio climático tendría en distintas zonas de la costa como La Manga del Mar Menor, los deltas del Ebro y el Llobregat, el Cabo de Gata, la costa de Doñana o zonas de marisma del Golfo de Cádiz. En esta campaña, tal y como se puede ver en estas imágenes, Greenpeace alertaba del hundimiento de La Manga bajo las aguas.
Piden una indemnización de 27 millones de euros
Por este motivo, las inmobiliarias de la zona solicitan una indemnización para reparar los daños causados, "incluido el daño moral", valorada en 27,12 millones. Asimismo, amenazan con emprender "acciones legales" si Greenpeace renuncia a un "acuerdo amistoso".
Por su parte, el director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, señaló en declaraciones a Europa Press que ya han puesto este caso en manos de la justicia. "Los constructores tratan de responsabilizar a Greenpeace y a su campaña de las dificultades que han encontrado en un mercado saturado por la especulación urbanística", indica.
Uralde califica la situación de "chantaje inaceptable" al intentar que Greenpeace "pague las consecuencias de la destrucción urbanística de La Manga del Mar Menor". "Que a nadie le quepa duda de que no nos van a intimidar con este tipo de maniobras repugnantes", apostilló.
Por este motivo, las inmobiliarias de la zona solicitan una indemnización para reparar los daños causados, "incluido el daño moral", valorada en 27,12 millones. Asimismo, amenazan con emprender "acciones legales" si Greenpeace renuncia a un "acuerdo amistoso".
Por su parte, el director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, señaló en declaraciones a Europa Press que ya han puesto este caso en manos de la justicia. "Los constructores tratan de responsabilizar a Greenpeace y a su campaña de las dificultades que han encontrado en un mercado saturado por la especulación urbanística", indica.
Uralde califica la situación de "chantaje inaceptable" al intentar que Greenpeace "pague las consecuencias de la destrucción urbanística de La Manga del Mar Menor". "Que a nadie le quepa duda de que no nos van a intimidar con este tipo de maniobras repugnantes", apostilló.