L D (EFE) La constructora, que tiene consejeros en Unión Fenosa, comunicó la semana pasada a la CNMV que la participación en Iberdrola es "financiera" y que no pedirá entrar en su Consejo de Administración. Sin embargo, ahora pide a la CNE "el levantamiento del límite del 3 por ciento para el ejercicio de sus derechos políticos como accionista de Iberdrola".
La duda que se plantea ahora es si ACS persigue entrar en el Consejo de Administración de Iberdrola o simplemente ejercer los derechos correspondientes a su participación real en las juntas de accionistas. En la comunicación remitida a la CNMV, ACS confirma que ha pedido autorización a la CNE para aumentar su participación en Iberdrola por encima del 10 por ciento y hasta un porcentaje que no obligue a lanzar una OPA (25 por ciento).
Según el Real Decreto-Ley 4/2006, aprobado el pasado mes de febrero, la CNE deberá autorizar cualquier operación que implique la compra de más de un 10 por ciento del capital de una empresa con actividades reguladas o cualquier otro porcentaje que conceda "influencia significativa". El regulador energético podrá denegar la autorización o establecer condiciones si existen "riesgos significativos" para las actividades reguladas o para proteger el "interés general" en el sector energético.
La duda que se plantea ahora es si ACS persigue entrar en el Consejo de Administración de Iberdrola o simplemente ejercer los derechos correspondientes a su participación real en las juntas de accionistas. En la comunicación remitida a la CNMV, ACS confirma que ha pedido autorización a la CNE para aumentar su participación en Iberdrola por encima del 10 por ciento y hasta un porcentaje que no obligue a lanzar una OPA (25 por ciento).
Según el Real Decreto-Ley 4/2006, aprobado el pasado mes de febrero, la CNE deberá autorizar cualquier operación que implique la compra de más de un 10 por ciento del capital de una empresa con actividades reguladas o cualquier otro porcentaje que conceda "influencia significativa". El regulador energético podrá denegar la autorización o establecer condiciones si existen "riesgos significativos" para las actividades reguladas o para proteger el "interés general" en el sector energético.