LD (EFE) Fuentes de la operación de fusión citadas por la agencia Efe, aseguran que desde Abertis y Autostrade se entiende que la fusión no afecta a la concesionaria, que seguiría siendo ASPI (la empresa Autostrade per la Italia), sino a la estructura del holding que controla esta sociedad. Portavoces de Abertis han declinado hacer declaraciones sobre esta cuestión y se han limitado a señalar que desde la empresa española se sigue trabajando para desbloquear el veto del Gobierno italiano a la fusión.
Sin embargo, este matiz jurídico es clave ya que el ministro italiano de Infraestructuras, Antonio di Pietro, precisó ayer en un comunicado que la "negada autorización" del Gobierno sobre la proyectada fusión de Autostrade con Abertis no se refiere a la operación en sí, sino a la transferencia automática de la concesión de la gestión de autopistas. Di Pietro indicó, en un comunicado, que el Ejecutivo italiano "no ha intervenido en absoluto en la fusión societaria en sí" entre ambas empresas y que la "negada autorización" hace referencia "al paso automático de un bien público, como es la concesión, de un sujeto a otro sólo porque se ha producido una fusión".
Esta opinión discrepa frontalmente con los argumentos jurídicos que el pasado mes de mayo aportaba Abertis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para defender la conveniencia de la fusión. En esta documentación sobre la unión de Abertis y Autostrade se aseguraba que el Gobierno de Italia, a través de la empresa pública Anas, que gestiona las autopistas, no puede retirar las concesiones a Autostrade de manera arbitraria. "Anas carece de cualquier derecho de recompra de la concesión otorgada a Autostrade o de cualquiera otra concesión previamente al vencimiento de las mismas", señala este documento. En virtud del denominado Acuerdo Concesional, "Autostrade tiene el derecho de explotar las autopistas y sus infraestructuras accesorias hasta el 31 de diciembre de 2038", según este documento.
En cambio, Di Prieto pidió ayer a Anas que comunicase a la Comisión Europea "la denegación de la autorización para que se transfiera la concesión de Autostrade per Italia a la sociedad Abertis" alegando que la presencia de una constructora como ACS en la empresa resultante va en contra del acuerdo de 1997. En él, se fijaron las modalidades de privatización de Autostrade y se prohibió la presencia de ese tipo de empresas en el accionariado estable de la concesionaria.
Por contra, el documento entregado a la CNMV señala que el Gobierno italiano debería abonar una cantidad por determinar a la concesionaria italiana en caso de finalizar la concesión antes de tiempo, y añade que "el importe de la compensación a la que Autostrade tendría derecho, en caso de ser procedente, debería ser, probablemente, negociado de buena fe entre Anas y Autostrade".
El informe advierte además que "sin perjuicio del derecho de Anas de revocar la concesión en algunos casos, el Acuerdo Concesional no reconoce el derecho a Anas para multar a Autostrade por la falta de ejecución de la concesión". En cambio, el Gobierno italiano "podría estar legitimado para suspender los incrementos de tarifa bajo determinadas circunstancias de reiterado incumplimiento de las condiciones de la concesión". "La resolución de la concesión deberá ser declarada por los ministerios de Infraestructuras y de Finanzas mediante Decreto. En este caso, Autostrade está obligada a seguir gestionando las obras hasta que se dicte un nuevo Decreto Ministerial por el que se adjudique a un nuevo concesionario la referida concesión y podría ser requerida para transmitir libre de cargas a Anas todos los activos relativos a la concesión", recuerda este texto.
Si sale adelante, la nueva Abertis sería el grupo líder mundial del sector, tendría sede en Barcelona y contaría con 6.000 millones de euros de ingresos, casi 4.000 millones de Ebitda -beneficio operativo- y 24.000 millones de capitalización bursátil.
Sin embargo, este matiz jurídico es clave ya que el ministro italiano de Infraestructuras, Antonio di Pietro, precisó ayer en un comunicado que la "negada autorización" del Gobierno sobre la proyectada fusión de Autostrade con Abertis no se refiere a la operación en sí, sino a la transferencia automática de la concesión de la gestión de autopistas. Di Pietro indicó, en un comunicado, que el Ejecutivo italiano "no ha intervenido en absoluto en la fusión societaria en sí" entre ambas empresas y que la "negada autorización" hace referencia "al paso automático de un bien público, como es la concesión, de un sujeto a otro sólo porque se ha producido una fusión".
Esta opinión discrepa frontalmente con los argumentos jurídicos que el pasado mes de mayo aportaba Abertis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para defender la conveniencia de la fusión. En esta documentación sobre la unión de Abertis y Autostrade se aseguraba que el Gobierno de Italia, a través de la empresa pública Anas, que gestiona las autopistas, no puede retirar las concesiones a Autostrade de manera arbitraria. "Anas carece de cualquier derecho de recompra de la concesión otorgada a Autostrade o de cualquiera otra concesión previamente al vencimiento de las mismas", señala este documento. En virtud del denominado Acuerdo Concesional, "Autostrade tiene el derecho de explotar las autopistas y sus infraestructuras accesorias hasta el 31 de diciembre de 2038", según este documento.
En cambio, Di Prieto pidió ayer a Anas que comunicase a la Comisión Europea "la denegación de la autorización para que se transfiera la concesión de Autostrade per Italia a la sociedad Abertis" alegando que la presencia de una constructora como ACS en la empresa resultante va en contra del acuerdo de 1997. En él, se fijaron las modalidades de privatización de Autostrade y se prohibió la presencia de ese tipo de empresas en el accionariado estable de la concesionaria.
Por contra, el documento entregado a la CNMV señala que el Gobierno italiano debería abonar una cantidad por determinar a la concesionaria italiana en caso de finalizar la concesión antes de tiempo, y añade que "el importe de la compensación a la que Autostrade tendría derecho, en caso de ser procedente, debería ser, probablemente, negociado de buena fe entre Anas y Autostrade".
El informe advierte además que "sin perjuicio del derecho de Anas de revocar la concesión en algunos casos, el Acuerdo Concesional no reconoce el derecho a Anas para multar a Autostrade por la falta de ejecución de la concesión". En cambio, el Gobierno italiano "podría estar legitimado para suspender los incrementos de tarifa bajo determinadas circunstancias de reiterado incumplimiento de las condiciones de la concesión". "La resolución de la concesión deberá ser declarada por los ministerios de Infraestructuras y de Finanzas mediante Decreto. En este caso, Autostrade está obligada a seguir gestionando las obras hasta que se dicte un nuevo Decreto Ministerial por el que se adjudique a un nuevo concesionario la referida concesión y podría ser requerida para transmitir libre de cargas a Anas todos los activos relativos a la concesión", recuerda este texto.
Si sale adelante, la nueva Abertis sería el grupo líder mundial del sector, tendría sede en Barcelona y contaría con 6.000 millones de euros de ingresos, casi 4.000 millones de Ebitda -beneficio operativo- y 24.000 millones de capitalización bursátil.