(Libertad Digital) Abengoa ha defendido la legalidad de la compra de parte del capital de la operadora de telefonía móvil de tercera generación Xfera, por la que se enfrenta ahora a una querella en la Audiencia Nacional. Esta operación se inició en octubre de 2000, cuando a Telvent, filial de Abengoa, trató de entrar en el accionariado de Xfera a través de la compra del 3,73 por ciento de su capital. Abengoa acordó que su principal accionista, Inversión Corporativa (sociedad instrumental de los Benjumea) se hiciera con una opción de compra cruzada de la participación de Mercapital Telecom en la operadora de telefonía móvil por 25 millones de euros. Simultáneamente, IC concedió una opción de compra a Telvent en las mismas condiciones, en una operación que, según Abengoa, fue aprobada por los respectivos consejos de administración.
Pagar 25 millones de euros por algo que vale cero
El 31 de diciembre de 2002 (en plena crisis del sector de las telecomunicaciones y con retrasos en la puesta en marcha de la telefonía móvil de tercera generación), Telvent ejecutó esa opción de compra por el precio acordado, a pesar de que entonces la participación en Xfera ya no tenía ese valor, puesto que ni siquiera había iniciado aún su actividad comercial. De hecho, aunque la operación suponía valorar a la compañía en unos 673 millones de euros, el valor real de Xfera –cuya actividad continúa ahora "congelada" a la espera de que se ponga en marcha la telefonía UMTS– era entonces prácticamente nulo o negativo.
El juez embargará los bienes de la sociedad de los Benjumea
El pasado mes de marzo la CNMV abrió un expediente sancionador a Abengoa al considerar que podría haber incumplido la obligación de notificar como hecho relevante la opción de compra suscrita entre IC y el grupo tecnológico e industrial. Posteriormente, el organismo supervisor remitió los datos de la operación a la fiscalía, que, después de estudiarlos, presentó, a través del fiscal Anticorrupción David Martínez Madero, una querella en la Audiencia Nacional. Esta querella, admitida ya a trámite, se dirige concretamente contra los consejeros de Abengoa Felipe Benjumea, Francisco Javier Benjumea, José Joaquín Abaurre y José Luis Aya.
Aunque Abengoa asegura que no ha recibido aún notificación de la citada admisión, ha remitido un comunicado a la CNMV en la que asegura que "parece claro que la toma de una opción de compra no constituye en sí misma un hecho relevante", al tiempo que "una operación concertada entre sociedades vinculadas no es de por sí un acto prohibido o ilícito". La compañía apunta en su comunicado que quien adquirió la participación en Xfera fue Telvent, cuyo Consejo de Administración está integrado, salvo un solo miembro, por personas distintas a las que componen el de Abengoa. Este hecho les sirve para asegurar que la adquisición se realizó por una decisión "autónoma y coherente con los propios intereses industriales de Televent" en atención al posible negocio inducido y compra de tecnología que la misma conlleva". El grupo añade que la auditora Garrigues & Andersen concluyó ya en octubre de 2000 que no existía conflicto de intereses, sino una actuación coordinada y conjunta de una sociedad y su principal accionista y que "la estructura contractual y la valoración económica de la opción no hacen de la operación un hecho relevante susceptible de notificación a la CNMV".
Sin embargo, la Fiscalía afirma que los querellados obviaron "de modo consciente el palmario conflicto de intereses que en esta operación generaba el hecho de ostentar simultáneamente la condición de administradores" del accionista mayoritario (IC) y de la sociedad cotizada (Abengoa). Además, el magistrado Fernando Andreu embargará los bienes de IC si no abona 25 millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.
Pagar 25 millones de euros por algo que vale cero
El 31 de diciembre de 2002 (en plena crisis del sector de las telecomunicaciones y con retrasos en la puesta en marcha de la telefonía móvil de tercera generación), Telvent ejecutó esa opción de compra por el precio acordado, a pesar de que entonces la participación en Xfera ya no tenía ese valor, puesto que ni siquiera había iniciado aún su actividad comercial. De hecho, aunque la operación suponía valorar a la compañía en unos 673 millones de euros, el valor real de Xfera –cuya actividad continúa ahora "congelada" a la espera de que se ponga en marcha la telefonía UMTS– era entonces prácticamente nulo o negativo.
El juez embargará los bienes de la sociedad de los Benjumea
El pasado mes de marzo la CNMV abrió un expediente sancionador a Abengoa al considerar que podría haber incumplido la obligación de notificar como hecho relevante la opción de compra suscrita entre IC y el grupo tecnológico e industrial. Posteriormente, el organismo supervisor remitió los datos de la operación a la fiscalía, que, después de estudiarlos, presentó, a través del fiscal Anticorrupción David Martínez Madero, una querella en la Audiencia Nacional. Esta querella, admitida ya a trámite, se dirige concretamente contra los consejeros de Abengoa Felipe Benjumea, Francisco Javier Benjumea, José Joaquín Abaurre y José Luis Aya.
Aunque Abengoa asegura que no ha recibido aún notificación de la citada admisión, ha remitido un comunicado a la CNMV en la que asegura que "parece claro que la toma de una opción de compra no constituye en sí misma un hecho relevante", al tiempo que "una operación concertada entre sociedades vinculadas no es de por sí un acto prohibido o ilícito". La compañía apunta en su comunicado que quien adquirió la participación en Xfera fue Telvent, cuyo Consejo de Administración está integrado, salvo un solo miembro, por personas distintas a las que componen el de Abengoa. Este hecho les sirve para asegurar que la adquisición se realizó por una decisión "autónoma y coherente con los propios intereses industriales de Televent" en atención al posible negocio inducido y compra de tecnología que la misma conlleva". El grupo añade que la auditora Garrigues & Andersen concluyó ya en octubre de 2000 que no existía conflicto de intereses, sino una actuación coordinada y conjunta de una sociedad y su principal accionista y que "la estructura contractual y la valoración económica de la opción no hacen de la operación un hecho relevante susceptible de notificación a la CNMV".
Sin embargo, la Fiscalía afirma que los querellados obviaron "de modo consciente el palmario conflicto de intereses que en esta operación generaba el hecho de ostentar simultáneamente la condición de administradores" del accionista mayoritario (IC) y de la sociedad cotizada (Abengoa). Además, el magistrado Fernando Andreu embargará los bienes de IC si no abona 25 millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.