Nacen, se propagan con facilidad y no desaparecen. En España hay once millones de trabajadores con un sueldo neto inferior o igual a los 1.100 euros mensuales, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, referidos a 2007.
Prácticamente, seis de cada diez asalariados forman parte de la tribu del mileurismo, un balance que no deja indiferente a nadie, pese a que los expertos señalan que detrás de este fenómeno existe una “lógica económica”.
Lo cierto es que en plena recesión, la mejora de sus condiciones salariales se antoja lejana en el tiempo. La coyuntura impone sus propias reglas. Y la primera, según comparten ampliamente los analistas, es difícilmente inamovible: reducir el coste del empleo para frenar la espeluznante trayectoria del paro.
Con más de 4,1 millones de desempleados (sin maquillaje estadístico), España se ha metido en la boca del lobo y los primeros que van a tener que lamerse las heridas son los trabajadores. El ahora secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, argumentaba hace escasos meses -como profesor de la IESE Business School- que no hay tiempo para diseñar una reforma del mercado laboral.
“Más rápido es una reducción del salario de los que trabajan que, a su vez, nos ayudaría a recuperar la competitividad”. Parece una medida radical, aunque sus consecuencias son “casi todas benignas”. Una visión hacia la que también apunta el Banco de España y los técnicos de la División Financiera de la OCDE. La defensa de este argumento pasa por que la renta disponible después del recorte de sueldo no impedirá a los ciudadanos consumir lo mismo que antes de ella.
La clave está en que los precios repuntarán este año en tasas próximas a cero o, incluso, registrarán crecimientos negativos, un alivio para los bolsillos de los españoles, acostumbrados a subidas de la inflación más próximas al 3%.
Sacando brillo a la situación, los economistas llegan incluso a afirmar que la renta disponible para consumir de las familias se incrementará este año, especialmente, entre las clases medias. Según la Encuesta Financiera de las Familias de 2005, elaborada por el Banco de España, que preside Miguel Ángel Ordóñez, más del 60% tenía algún tipo de deuda en ese ejercicio, la mayoría hipotecaria. En los últimos tres años este porcentaje sólo ha podido incrementarse.
La clave es la productividad
La hipoteca media es de unos 130.000 euros, y la inmensa mayoría está sujeta a tipo variable. La caída de los tipos de interés, de al menos un 2,5%, implicará, según los expertos, una reducción del coste financiero anual medio de unos 3.250 euros. “Esto supone un incremento del entorno del 10% de la renta disponible para consumir”, explicaba Campa.
Sin embargo, dichos argumentos suenan a cuento chino para los sindicatos, que tienen una receta anticrisis bien distinta para mantener a frenar el paro, que amenaza con situarse por encima del 20% en 2010, según las últimas previsiones. CC.OO. y UGT ya han advertido de que pelearán para que los sueldos de los trabajadores crezcan, al menos, un 2% para animar el consumo y evitar así que el comercio y la hostelería sigan destruyendo empleo.
La controversia está servida, y para muestra un botón: el Acuerdo para la Negociación Colectiva 2009, que anualmente fija la actualización de los salarios en convenio, sigue encallado tras los repetidos encontronazos de la patronal empresarial CEOE y los principales sindicatos. Un duelo entre varones que parece no tener fin, a menos que alguien se decida a abrir la caja de truenos que late tras sus disputas: el debate sobre la productividad laboral.
Y es que ésta es una de las piezas maestras que explica por qué en España se percibe un 33% menos de retribución que en la antigua Europa de los Quince. Como una herencia genética maldita, los españoles son presos de su agotado modelo de crecimiento, excesivamente dependiente de los sectores de baja cualificación, muy intensos en mano de obra, pero de muy baja productividad.
Así, el mix del turismo y de la construcción permitió durante la anterior etapa de bonanza ritmos de crecimientos del PIB cercanos al 3%, mientras, a mediados de 2007, se alcanzó la cifra récord de 20 millones de trabajadores.
Pero en el fondo, se trataba de una hoguera sin buen combustible: pese a la voluminosa fuerza de trabajo ocupada, la productividad laboral media durante los años clave de 2005, 2006 y 2007 sólo creció en tasas interanuales que rondaron el 0,7%. Ha habido que esperar a que la crisis entrara por la puerta para tirar hacia arriba de este indicador, a costa de la ola de despidos.
Es lo que Juan José Méndez, director del servicio de estudios de Ceprede (Universidad Autónoma de Madrid) denomina “la productividad mala”: al haber menos empleados en el mercado, el cociente entre el rendimiento obtenido por individuo aumenta de forma artificial. El efecto es sorprendente: la productividad del trabajo creció en el segundo trimestre hasta el 3,2%.
Tradicionalmente, se han incrementado los salarios al margen de este factor y ahora la institución que dirige Miguel Ángel Ordóñez está dispuesta a cambiar las tornas. Su objetivo: que los aumentos salariales se liguen más a los resultados obtenidos.
Desde esta perspectiva se explica que los ciudadanos chinos, búlgaros o letones, por ejemplo, sean vistos como una amenaza para los trabajadores. La razón es simple: son capaces de confeccionar los mismos trajes y zapatos que en su día llevaron al éxito a la industria catalana por un menor coste. En definitiva, España está inmersa en un problema de competitividad y en este momento carece de armas de defensa.
Devaluar el tipo de cambio nominal de la peseta (algo que ocurrió cuatro veces entre 1992 y 1994) para hacer más atractivas las ventas ya no es posible. Y, de nuevo, las soluciones nos conducen al mismo callejón estrecho: “La única forma de conseguir una devaluación real es mediante un crecimiento menor de nuestros costes de producción y márgenes de beneficios, y un crecimiento mayor de nuestra productividad”, concluye Guillermo de la Dehesa, presidente del Center for Economic Policy Research, de Londres (CEPR).
El sueldo de los políticos
El sindicato USO ha propuesto reducir hasta en un 50% el número de altos cargos de la Administración que, según los datos que se recogen en el BOE y el Ministerio de Administraciones Públicas, suman 4.381. A este grupo, hay que añadir, según la organización sindical, otro número no cuantificado de responsables de empresas públicas y altos ejecutivos, cuyas retribuciones “están muy por encima de la media de los empleados públicos”.
Para que el programa de ahorro sea un éxito, también propone reducir en un 10% el sueldo de todos los altos cargos de nivel político, cuyas retribuciones superan los 181 millones de euros, sin tener en cuenta otros conceptos como “dietas, gastos de móvil, seguridad, etcétera”.
Sus señorías tampoco se quedan al margen del examen. Así, un diputado o senador que resida fuera de Madrid percibe unos 4.949 euros al mes (14 pagas), cantidad que asciende a 3.996 si vive en la capital. Las retribuciones de los parlamentarios de las comunidades oscilan entre los 5.900 y los 3.400 euros mensuales.
Los directivos también lloran
Los directivos españoles son los quintos mejor pagados de Europa. El sueldo medio ronda los 4 millones de euros anuales, con una interesante revalorización anual del 15%, una cifra sensiblemente superior a la subida salarial media que se aplica al resto de trabajadores (en torno al 2% anual). Sin embargo, para ellos también están empezando a asomar las orejas del lobo.
En tiempos de crisis, son pocas las compañías que se atreven a asegurar los bonus y más las que amagan con rebajar entre un 5% y un 10% su sueldo, un recorte que estiman más que necesario para dar ejemplo de austeridad.
El fracaso escolar, en el centro del problema
Por otro lado, el 31% de los jóvenes españoles -el doble que la tasa europea- deja los estudios tras cursar el ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y muchos de ellos sin obtener ni siquiera el título acreditativo.
A finales del pasado año, el Gobierno acordó con las comunidades un plan para reducir al menos a la mitad este porcentaje y lograr así que en 2012 haya medio millón de estudiantes que sigan estudiando tras la secundaria. El Estado prevé aportar alrededor de 121 millones de euros a este fin; las autonomías deberán aportar una cantidad similar, aunque el programa planeado por el Ejecutivo no tiene aseguradas las alas; en plena recesión, esto supondría seguir ahondando en los déficit que arrastran las comunidades autónomas.
El experto de la OCDE Andrés Fuertes, uno de los autores del Estudio Económico para España, señala que los problemas educativos de los que adolece este país se agravarán en la medida en que la construcción siga cayendo y el sector turismo se estanque.