L D (Agencias) La nueva ley incorpora las 58 enmiendas introducidas en su texto por el Senado, de las 347 que fueron presentadas por los diferentes grupos políticos en la Comisión de Infraestructuras de la Cámara Alta, incluyendo las seis transaccionales del PP.
El nuevo modelo, que permite la transposición de las directivas europeas del llamado "Primer Paquete Ferroviario", separa la gestión de las infraestructuras, de la del operador ferroviario. A tal fin se crea el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que aglutina las funciones de Renfe como gestor de infraestructuras y las del actual Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). Por otra parte aparece la entidad Renfe-Operadora como gestor del transporte ferroviario, tanto de viajeros como de mercancías, que podrá desarrollar cuantas actuaciones mercantiles resulten necesarias o convenientes para la mejor realización de sus funciones. Esta nueva estructura supone una "ruptura del conjunto camino (vía)-vehículo (tren) como unidad de explotación", dado que la separación institucional de la infraestructura y del transporte que opera por ella es un elemento clave en la modernización del ferrocarril".
El nuevo modelo se prepara para recibir la liberalización del ferrocarril en Europa, que mantiene como fecha del 2004 la referida al tráfico de mercancías, y en el horizonte del 2008-10 el tráfico de pasajeros. Sin embargo, el proyecto ha sido denunciado desde los diferentes grupos de la Cámara, sobre todo por parte del Grupo Mixto, IU y PSOE, que consideran que la normativa no se ajusta a las necesidades que tiene el ferrocarril en España y que no se adecúa a la normativa europea.