(Libertad Digital) La Guardia Civil ha descubierto en la provincia de Cádiz un fraude de 84 millones de euros (14.000 millones de las antiguas pesetas) en las subvenciones gestionadas por los sindicatos para cursos de la Fundación para la Formación Continua (FORCEM) financiados por el Fondo Social Europeo, según informa EFE. La Guardia Civil ha explicado que la investigación comenzó en abril de 2001, tras tener conocimiento de la existencia de una empresa ficticia que decía colaborar con el INEM y el FORCEM, que captaba a agentes comerciales para que obtuvieran datos laborales de trabajadores de la provincia gaditana y ofrecía cursos.
Las primeras irregularidades se detectaron en la documentación correspondiente al periodo comprendido entre 1997 y 2000, y consistían en ampliar las listas de solicitantes para nuevos cursos que nunca llegaron a realizarse. También se falsificaron las firmas del parte diario de asistencia a los cursos de personas que nunca habían asistido, se utilizaron los nombres de personas que habían realizado un curso para otros que no recibieron, se alteraron los números de filiación de la Seguridad Social y del DNI, se variaron las fechas de nacimiento, o utilizaban dos veces a personas que tenían nombres compuestos.
Hasta nueve diplomas por cursos que no había realizado
Asimismo, la Guardia Civil comprobó que muchos residentes de la provincia de Cádiz recibieron diplomas acreditativos de los cursos, sin haber asistido, y se da el caso de un individuo que recibió hasta nueve. Según la Guardia Civil, las investigaciones han determinado que la gestión de estos cursos corría a cargo de las federaciones estatales de los sindicatos que participan en el FORCEM. El control de los cursos debía ser realizado por las empresas particulares contratadas por las federaciones estatales de los sindicatos para impartir los cursos, por lo que, según el Instituto Armado, existen indicios de que se haya producido una presunta estafa por parte de algunos implicados, en connivencia con las empresas colaboradoras.
Mientras tanto, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, confía en poder alcanzar un acuerdo con los sindicatos y las comunidades autónomas para reformar el modelo de formación continua, con el objetivo de intentar conseguir un "sistema infinitamente mejor" al que ha venido funcionando . En declaraciones a Antena 3 recogidas por la agencia Europa Press, Zaplana dijo que la intención del Ministerio es implantar un sistema similar al francés, en el que las empresas puedan gestionar y establecer sus propios planes de formación. A la Administración le corresponderá realizar las tareas de control y vigilancia, tan necesarias visto el ejemplo anterior de lo que ha sucedido en Cádiz.
Las primeras irregularidades se detectaron en la documentación correspondiente al periodo comprendido entre 1997 y 2000, y consistían en ampliar las listas de solicitantes para nuevos cursos que nunca llegaron a realizarse. También se falsificaron las firmas del parte diario de asistencia a los cursos de personas que nunca habían asistido, se utilizaron los nombres de personas que habían realizado un curso para otros que no recibieron, se alteraron los números de filiación de la Seguridad Social y del DNI, se variaron las fechas de nacimiento, o utilizaban dos veces a personas que tenían nombres compuestos.
Hasta nueve diplomas por cursos que no había realizado
Asimismo, la Guardia Civil comprobó que muchos residentes de la provincia de Cádiz recibieron diplomas acreditativos de los cursos, sin haber asistido, y se da el caso de un individuo que recibió hasta nueve. Según la Guardia Civil, las investigaciones han determinado que la gestión de estos cursos corría a cargo de las federaciones estatales de los sindicatos que participan en el FORCEM. El control de los cursos debía ser realizado por las empresas particulares contratadas por las federaciones estatales de los sindicatos para impartir los cursos, por lo que, según el Instituto Armado, existen indicios de que se haya producido una presunta estafa por parte de algunos implicados, en connivencia con las empresas colaboradoras.
Mientras tanto, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, confía en poder alcanzar un acuerdo con los sindicatos y las comunidades autónomas para reformar el modelo de formación continua, con el objetivo de intentar conseguir un "sistema infinitamente mejor" al que ha venido funcionando . En declaraciones a Antena 3 recogidas por la agencia Europa Press, Zaplana dijo que la intención del Ministerio es implantar un sistema similar al francés, en el que las empresas puedan gestionar y establecer sus propios planes de formación. A la Administración le corresponderá realizar las tareas de control y vigilancia, tan necesarias visto el ejemplo anterior de lo que ha sucedido en Cádiz.