Libertad Digital El juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada contra los consejeros y administradores de la plataforma para Internet de los Colegios de Profesionales Recol Networks . Los querellantes, Juan Antonio Díaz Cano, Luis Hervás Trigueros y Ángel Pedro Díaz Cano, invirtieron cerca de 2 millones de pesetas en la Oferta Pública de Suscripción que lanzó Recol en mayo del año 2000. Según aparece recogido en el auto del juzgado, estos accionistas acusan a Juan Miguel Villar Mir, Ignacio Ozcáriz, Miguel Ángel Rubio, Tristan Garel-Jones, Carlos Andrés Ruiz, Martín Brau, Francisco Javier Baviano, José Enrique Hours, Manuel de la Rica y Francesç Raventós de estafa y de alteración del precio de las cosas .
Según el relato de los tres querellantes, Villar Mir y compañía dieron a Recol un “apariencia de sociedad estable y con un importante capital social” mediante ampliaciones de capital fraudulentas. Sin embargo, en el escrito se afirma que la empresa se encontraba en quiebra desde “diciembre de 1999”. Una vez más, Arthur Andersen, firma que se encargó de auditorar a Recol, aparece salpicada por otro escándalo financiero. Además, los querellantes acusan a los gestores de Recol de, “una vez conseguida esta apariencia”, aprovechar la favorable coyuntura bursátil de hace dos años para recaudar 5.000 millones de pesetas con la OPS, “de los cuales sólo una sexta parte correspondía a acciones”.
Los querellantes recuerdan que gracias al control accionarial que tenían los gestores, desde mayo de 2000 hasta finales de ese año se gastaron los 5.000 millones recaudados entre los colegiados de toda España. Lo más grave, según el escrito que ha tramitado el juez, es que los administradores no han podido acreditar la mayor parte de esos gastos. Así, los tres accionistas damnificados califican esos contratos de “simulados” y “con la única finalidad de poder sacar del patrimonio de Recol, el dinero invertido por los colegiados”. Por ello, el magistrado Baltasar Garzón ha cursado mandamiento al Registro Mercantil para que remitan los libros y la contabilidad de Recol, para evitar que se pueda manipular dicha documentación. Además, Villar Mir y compañía deberán declarar ante Garzon los próximos 25 y 26 de junio.
Precisamente, el propio Villar Mir se había opuesto de forma reiterada a que el caso Recol llegase a la Audiencia. Cabe recordar que el juzgado de instrucción número 7 ya se inhibió de la denuncia que interpusieron 60 perjudicados por la presunta estafa de la OPS. La juez Concepción Escudero se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, algo que fue recurrido por Villar Mir porque este caso, según él, “no afectaba a una pluralidad de personas”. Es decir, que el presidente de OHL y del Colegio de Caminos no considera “una pluralidad de personas” a los 7.554 colegiados afectados por la crisis de Recol. Los trámites estaban paralizados a la espera de que la Audiencia respondiera a la juez.
Según el relato de los tres querellantes, Villar Mir y compañía dieron a Recol un “apariencia de sociedad estable y con un importante capital social” mediante ampliaciones de capital fraudulentas. Sin embargo, en el escrito se afirma que la empresa se encontraba en quiebra desde “diciembre de 1999”. Una vez más, Arthur Andersen, firma que se encargó de auditorar a Recol, aparece salpicada por otro escándalo financiero. Además, los querellantes acusan a los gestores de Recol de, “una vez conseguida esta apariencia”, aprovechar la favorable coyuntura bursátil de hace dos años para recaudar 5.000 millones de pesetas con la OPS, “de los cuales sólo una sexta parte correspondía a acciones”.
Los querellantes recuerdan que gracias al control accionarial que tenían los gestores, desde mayo de 2000 hasta finales de ese año se gastaron los 5.000 millones recaudados entre los colegiados de toda España. Lo más grave, según el escrito que ha tramitado el juez, es que los administradores no han podido acreditar la mayor parte de esos gastos. Así, los tres accionistas damnificados califican esos contratos de “simulados” y “con la única finalidad de poder sacar del patrimonio de Recol, el dinero invertido por los colegiados”. Por ello, el magistrado Baltasar Garzón ha cursado mandamiento al Registro Mercantil para que remitan los libros y la contabilidad de Recol, para evitar que se pueda manipular dicha documentación. Además, Villar Mir y compañía deberán declarar ante Garzon los próximos 25 y 26 de junio.
Precisamente, el propio Villar Mir se había opuesto de forma reiterada a que el caso Recol llegase a la Audiencia. Cabe recordar que el juzgado de instrucción número 7 ya se inhibió de la denuncia que interpusieron 60 perjudicados por la presunta estafa de la OPS. La juez Concepción Escudero se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, algo que fue recurrido por Villar Mir porque este caso, según él, “no afectaba a una pluralidad de personas”. Es decir, que el presidente de OHL y del Colegio de Caminos no considera “una pluralidad de personas” a los 7.554 colegiados afectados por la crisis de Recol. Los trámites estaban paralizados a la espera de que la Audiencia respondiera a la juez.