Hasta ahora el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que se regula de manera autonómica, solo se pagaba al comprar una vivienda usada o al alquilar un domicilio. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha declarado que este tributo debe pagarse por la compra de bienes de segunda mano, ya sean muebles o inmuebles. Esto significa que las empresas que venden productos usados como móviles, ropa o cualquier otro objeto, deben pagar el impuesto al comprar el producto. La única excepción en donde no se pagaría el ITP es en la compraventa de vehículos de motor.
Esta decisión viene después de la publicación de una sentencia el pasado 11 de diciembre. En el texto, el Supremo señala que la compra de oro realizada por empresas a particulares debe ser gravada con el ITP, "en la medida en que lo esencial —como se ha dicho— es analizarlas desde la perspectiva del particular que enajena el bien por cuanto es dicho particular el que realiza la transmisión y, por tanto, el hecho imponible del impuesto y no hay ningún precepto legal que exonere del gravamen por la circunstancia de que el adquiriente sea un comerciante que actúa en el seno del giro o tráfico empresarial de su actividad". El gravamen se debe pagar por parte del empresario cuando compre un producto usado a un particular, por ejemplo, una empresa de Compro Oro. Según el Supremo, solo se paga el tributo cuando el que venda sea una persona particular, tal y como recoge Idealista.
De esta manera, los empresarios que compren bienes usados deberán asumir el coste del ITP cuando compren oro u otros productos. Dependiendo de cada Comunidad Autónoma, el tipo va del 4% al 6%. Eso sí, el ITP es más bajo que para las viviendas de segunda mano, donde le tributo oscila entre el 4% y el 10%. En Madrid, como suele ser habitual, es donde menos tasa se paga, mientras que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se pagaría el máximo permitido.
La peor parte de esta sentencia recaerá en las empresas compradoras de oro. Ya que las CCAA podrían iniciar comprobaciones masivas para exigir el ITP a aquellas empresas que hayan comprado oro a particulares, y no hayan pagado el impuesto correspondiente. Podrían exigir a estas empresas el impuesto dejado de ingresar en los últimos cuatro años. También pueden acabar afectas compañías como Cash Converters o similares que se dedican a la compra de productos usados.