El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha abierto a instancias de la Fiscalía Anticorrupción una nueva línea de investigación secreta en la macrocausa sobre los trabajos ilícitos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo que indaga sobre los servicios que sus empresas pudieron haber prestado a Repsol y CaixaBank en un encargo que le habrían realizado de forma conjunta.
Las pesquisas se siguen en la pieza separada número 21 de la causa, abierta esta misma semana, y buscan en principio esclarecer si la energética y la caja catalana recurrieron al comisario en 2011 para evitar que mediante un acuerdo con Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, Sacyr Vallehermoso se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antoni Brufau.
Según han confirmado Europa Press en fuentes jurídicas, la investigación pone así de nuevo al ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, como objeto de las tareas del comisario, pues ya le habría investigado por encargo del BBVA –asunto que se investiga en otra pieza aparte– y que podría haberlo hecho asimismo para Repsol y Caixabank de forma conjunta.
Como en otras piezas separadas de la causa, las diligencias se han iniciado a la luz de la documentación y/o los audios que atesoraba el comisario, quien durante años estuvo registrando reuniones y conversaciones con terceros y a quien le fueron intervenidos 40 terabytes de información a su detención, de acuerdo a las fuentes consultadas.
La Caixa entró en el accionariado de Repsol en la década de los noventa, llegando a convertirse en uno de sus principales accionistas con un 12% del capital, con presencia en el consejo de administración.
La entidad financiera promovió el nombramiento de uno de sus directivos, Antonio Brufau, como presidente de la petrolera, y jugó un papel relevante a la hora de garantizar la estabilidad de la compañía durante el intento de Pemex y de Luis del Rivero de promover cambios en su cúpula.
El cambio en la normativa de las cajas de ahorros llevó a que CaixaBank, controlada por la Fundación bancaria La Caixa, anunciara en septiembre de 2018 su intención de ir abandonando progresivamente el capital de la petrolera, cuando aún ostentaba el 9,36%. En el primer trimestre de este año la entidad financiera ha liquidado totalmente su participación.