(Libertad Digital) Durante su intervención en unas jornadas organizadas por The Economist, el vicepresidente reseñó que el sector servicios es el principal responsable de las tensiones inflacionistas de los últimos meses y los alimentos, sobre todo los no elaborados, "llevan ya dos años en tasas muy superiores a las históricas". Por eso, explicó, el Ejecutivo ha encargado al Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) un informe, que se conocerá en las próximas semanas, sobre el funcionamiento del sector de la distribución, en especial de la alimentación, y el impacto de la regulación en la competencia y en la fijación de precios.
Rato agregó que se va a poner en marcha un proyecto de seguimiento de los precios de los alimentos en España y varios países europeos, que complementará los estudios de Eurostat, la oficina estadística de la UE. No obstante, el titular de Economía pronosticó que en los próximos meses España mostrará "un comportamiento más acorde con la UE" en lo referido a tensiones inflacionistas, después de que en octubre el IPC llegará al cuatro por ciento interanual, 1,7 puntos más que en el conjunto de la zona euro.
La liberalización del comercio rebajaría la inflación en casi un punto
Rato dijo que, mientras la liberalización ha dado resultados claros en los sectores de energía y telecomunicaciones, ya que mantienen diferenciales de precios con la UE nulos o negativos, no se puede decir lo mismo de los servicios, por lo que reclamó "un debate social y político" al respecto.
Así, consideró que, a partir de las conclusiones del TDC sobre el sector de la distribución comercial, "hay que avanzar en la transformación del modelo de fijación de precios" en los servicios.
Según publica el diario ABC , las palabras de Rato han sido muy bien acogidas por los grandes comerciantes. Anged (Asociación de Grandes Empresas de Distribución) y AECC (Asociación de Centros Comerciales), que durante los últimos años han llevado a cabo múltiples acciones para suprimir de la reglamentación vigente el apartado que otorga a las autonomías competencias para vetar la apertura de nuevos centros, disponen de informes en los que se pone de manifiesto que la liberalización del comercio permitiría aminorar la inflación entre un 0,8 por ciento y un 1 por ciento.
Ambas asociaciones basan su optimismo en informes recientes del TDC, como el referido a la fusión de los supermercados Enaco y Caprabo, en el que Competencia subraya que “las restricciones cuantitativas en una zona geográfica restringen la competencia al rechazar la entrada de nuevos entrantes en el mercado. Se corre así el riesgo de crear monopolios locales inmunes a la competencia”. El Tribunal es especialmente crítico con la situación de Cataluña, al precisar que su normativa “representa de facto un cierre del mercado que impide la contestabilidad suficiente que garantice el libre juego de oferta y demanda”
Rato agregó que se va a poner en marcha un proyecto de seguimiento de los precios de los alimentos en España y varios países europeos, que complementará los estudios de Eurostat, la oficina estadística de la UE. No obstante, el titular de Economía pronosticó que en los próximos meses España mostrará "un comportamiento más acorde con la UE" en lo referido a tensiones inflacionistas, después de que en octubre el IPC llegará al cuatro por ciento interanual, 1,7 puntos más que en el conjunto de la zona euro.
La liberalización del comercio rebajaría la inflación en casi un punto
Rato dijo que, mientras la liberalización ha dado resultados claros en los sectores de energía y telecomunicaciones, ya que mantienen diferenciales de precios con la UE nulos o negativos, no se puede decir lo mismo de los servicios, por lo que reclamó "un debate social y político" al respecto.
Así, consideró que, a partir de las conclusiones del TDC sobre el sector de la distribución comercial, "hay que avanzar en la transformación del modelo de fijación de precios" en los servicios.
Según publica el diario ABC , las palabras de Rato han sido muy bien acogidas por los grandes comerciantes. Anged (Asociación de Grandes Empresas de Distribución) y AECC (Asociación de Centros Comerciales), que durante los últimos años han llevado a cabo múltiples acciones para suprimir de la reglamentación vigente el apartado que otorga a las autonomías competencias para vetar la apertura de nuevos centros, disponen de informes en los que se pone de manifiesto que la liberalización del comercio permitiría aminorar la inflación entre un 0,8 por ciento y un 1 por ciento.
Ambas asociaciones basan su optimismo en informes recientes del TDC, como el referido a la fusión de los supermercados Enaco y Caprabo, en el que Competencia subraya que “las restricciones cuantitativas en una zona geográfica restringen la competencia al rechazar la entrada de nuevos entrantes en el mercado. Se corre así el riesgo de crear monopolios locales inmunes a la competencia”. El Tribunal es especialmente crítico con la situación de Cataluña, al precisar que su normativa “representa de facto un cierre del mercado que impide la contestabilidad suficiente que garantice el libre juego de oferta y demanda”