LD (EFE) El auto del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los citados empresarios sevillanos, además de José Joaquín Abaurre y José Luis Aya, por un presunto delito de fraude en la operación de entrada en el capital de Xfera por parte del grupo Abengoa. Tal y como solicitaba el fiscal anticorrupción, el magistrado ha establecido que los imputados deberán aportar una fianza de 25 millones de euros –equivalente al perjuicio económico supuestamente causado– en el plazo máximo de cinco días .
La operación investigada se inició en octubre del 2000, cuando Telvent, filial de Abengoa, trató de entrar en el accionariado de la operadora de telefonía móvil de tercera generación Xfera a través de la compra del 3,72 por ciento de su capital. Dado que Telvent no podía entrar directamente en Xfera, Abengoa acordó que su principal accionista, Inversión Corporativa (IC), se hiciera con una opción de compra cruzada de la participación de Mercapital Telecom en la operadora de telefonía móvil por 25 millones de euros.
Simultáneamente, IC concedió una opción de compra a Telvent en las mismas condiciones, en una operación que, según Abengoa, fue aprobada por los respectivos consejos de administración. El 31 de diciembre del 2002 (en plena crisis del sector de las telecomunicaciones y con retrasos en la puesta en marcha de la telefonía móvil de tercera generación), Telvent ejecutó esa opción de compra por el precio acordado, a pesar de que entonces la participación en Xfera ya no tenía ese valor, puesto que ni siquiera había iniciado aún su actividad comercial. Aunque la operación suponía valorar a la compañía en unos 673 millones de euros, el valor real de Xfera –cuya actividad continúa ahora "congelada" a la espera de que se ponga en marcha la telefonía UMTS– era entonces prácticamente nulo o negativo .
El pasado mes de marzo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió un expediente sancionador a Abengoa al considerar que podría haber incumplido la obligación de notificar como hecho relevante la opción de compra suscrita entre IC y el grupo tecnológico e industrial. Además, el organismo supervisor consideraba que podría haber habido un conflicto de intereses, puesto que los ahora querellados son miembros del Consejo de Administración de Abengoa y, al mismo tiempo, administradores de IC .
Posteriormente, el organismo supervisor remitió los datos de la operación a la Fiscalía, que ha elaborado la querella, en la que ya se solicitaba al juez que impusiera una fianza de al menos 25 millones de euros por su posible responsabilidad pecuniaria. El fiscal también reclama que se cite a declarar –además de a los imputados– a otros máximos responsables de Abengoa como Jesús Pérez, Miguel Angel Jiménez Velasco o Manuel Sánchez Ortega.
La operación investigada se inició en octubre del 2000, cuando Telvent, filial de Abengoa, trató de entrar en el accionariado de la operadora de telefonía móvil de tercera generación Xfera a través de la compra del 3,72 por ciento de su capital. Dado que Telvent no podía entrar directamente en Xfera, Abengoa acordó que su principal accionista, Inversión Corporativa (IC), se hiciera con una opción de compra cruzada de la participación de Mercapital Telecom en la operadora de telefonía móvil por 25 millones de euros.
Simultáneamente, IC concedió una opción de compra a Telvent en las mismas condiciones, en una operación que, según Abengoa, fue aprobada por los respectivos consejos de administración. El 31 de diciembre del 2002 (en plena crisis del sector de las telecomunicaciones y con retrasos en la puesta en marcha de la telefonía móvil de tercera generación), Telvent ejecutó esa opción de compra por el precio acordado, a pesar de que entonces la participación en Xfera ya no tenía ese valor, puesto que ni siquiera había iniciado aún su actividad comercial. Aunque la operación suponía valorar a la compañía en unos 673 millones de euros, el valor real de Xfera –cuya actividad continúa ahora "congelada" a la espera de que se ponga en marcha la telefonía UMTS– era entonces prácticamente nulo o negativo .
El pasado mes de marzo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió un expediente sancionador a Abengoa al considerar que podría haber incumplido la obligación de notificar como hecho relevante la opción de compra suscrita entre IC y el grupo tecnológico e industrial. Además, el organismo supervisor consideraba que podría haber habido un conflicto de intereses, puesto que los ahora querellados son miembros del Consejo de Administración de Abengoa y, al mismo tiempo, administradores de IC .
Posteriormente, el organismo supervisor remitió los datos de la operación a la Fiscalía, que ha elaborado la querella, en la que ya se solicitaba al juez que impusiera una fianza de al menos 25 millones de euros por su posible responsabilidad pecuniaria. El fiscal también reclama que se cite a declarar –además de a los imputados– a otros máximos responsables de Abengoa como Jesús Pérez, Miguel Angel Jiménez Velasco o Manuel Sánchez Ortega.