LD (EFE) Según dijo el jefe del gabinete de ministros, Alberto Fernández, el gobierno de Néstor Kirchner "no quiere repetir métodos que provocaron recesión", por lo que no firmará un acuerdo que ponga en riesgo la reactivación económica. El gobierno de Buenos Aires, agregó Fernández, "está decidido a no postergar más del desarrollo argentino", por lo que "se trata de encontrar un acuerdo que nos permita un país socialmente sostenible". El presidente Kirchner "está muy firme en plantear la imposibilidad de firmar un acuerdo que deteriore el incipiente desarrollo" argentino, puntualizó.
Según datos oficiales, la deuda que vence este martes equivale al 21,8 por ciento de las reservas del Banco Central argentino, que suman unos 13.300 millones de dólares. El Gobierno de Kirchner pretende alcanzar un acuerdo que permita que Argentina aplace estas deudas hasta 2006, sin embargo, se niega a comprometer metas crecientes de ahorro público a lo largo de los tres años de plazo del acuerdo. También rechaza fijar un programa para actualizar las tarifas de los servicios públicos, congeladas desde enero de 2002, y dar mayores compensaciones a la banca por los perjuicios sufridos a raíz de las normas y restricciones financieras aplicadas el año pasado.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, afirmó que el gobierno "está convencido" de que finalmente habrá un acuerdo aunque se haya llegado a un cese de pagos con el FMI. Si Argentina no cancela el vencimiento, el país pasaría a una suspensión de pagos técnica. Estados Unidos ha pedido al FMI que flexibilice las condiciones para llegar a un acuerdo, pero esa posición choca con la renuencia de países europeos cuyas empresas tienen intereses en el sector de los servicios públicos argentinos.
Según datos oficiales, la deuda que vence este martes equivale al 21,8 por ciento de las reservas del Banco Central argentino, que suman unos 13.300 millones de dólares. El Gobierno de Kirchner pretende alcanzar un acuerdo que permita que Argentina aplace estas deudas hasta 2006, sin embargo, se niega a comprometer metas crecientes de ahorro público a lo largo de los tres años de plazo del acuerdo. También rechaza fijar un programa para actualizar las tarifas de los servicios públicos, congeladas desde enero de 2002, y dar mayores compensaciones a la banca por los perjuicios sufridos a raíz de las normas y restricciones financieras aplicadas el año pasado.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, afirmó que el gobierno "está convencido" de que finalmente habrá un acuerdo aunque se haya llegado a un cese de pagos con el FMI. Si Argentina no cancela el vencimiento, el país pasaría a una suspensión de pagos técnica. Estados Unidos ha pedido al FMI que flexibilice las condiciones para llegar a un acuerdo, pero esa posición choca con la renuencia de países europeos cuyas empresas tienen intereses en el sector de los servicios públicos argentinos.