L D (EFE) La falta de acuerdo entre los directivos y los sindicatos, en la reunión del pasado jueves auspiciada por el Gobierno, consumó la ruptura y la entrada en vigor de estas medidas que van a afectar a más de ocho mil empleados.
Más de 5.600 empleados pasarán a partir de este lunes a lo que se denomina “caja de integración”, un sistema que se aplica a empresas en crisis por el cual los trabajadores perciben el 80 por ciento de su salario —financiado por el Estado— hasta un límite de 776,12 euros al mes, por un período máximo de veinticuatro meses, tiempo que se supone permite la recuperación de la compañía.
El resto de trabajadores afectados por el recorte, cerca de 2.500, se acogerá a la llamada “movilidad”, vista como antesala del despido definitivo o la jubilación y, en este caso, retribuida con el cien por cien del sueldo en el primer año y del ochenta por ciento a partir del décimo tercer mes. Mientras tanto, los sindicatos mantendrán las movilizaciones para oponerse a la declaración de crisis de Fiat y en los próximos días llevarán a cabo manifestaciones y huelgas.
Los sindicatos confederales se han tomado muy en serio la situación y amenazan con fuertes medidas de presión, hasta el punto de que alguno de los líderes ha apuntado la posibilidad de convocar una huelga general, motivada por la especial importancia que Fiat tiene en Italia, no sólo desde el punto de vista económico, sino social. A la polémica se ha unido el primer ministro, Silvio Berlusconi, quien este sábado comentó a una de sus cadenas de televisión que lo trabajadores de Fiat afectados por el recorte pueden completar sus ingresos con alguna ocupación complementaria, incluso “no oficial”.
La alusión a un trabajo en negro ha sido contestada de manera crítica por toda la oposición de centroizquierda y por los propios sindicatos, que han acusado a Berlusconi de escasa sensibilidad social y de alentar a cometer una ilegalidad.
Más de 5.600 empleados pasarán a partir de este lunes a lo que se denomina “caja de integración”, un sistema que se aplica a empresas en crisis por el cual los trabajadores perciben el 80 por ciento de su salario —financiado por el Estado— hasta un límite de 776,12 euros al mes, por un período máximo de veinticuatro meses, tiempo que se supone permite la recuperación de la compañía.
El resto de trabajadores afectados por el recorte, cerca de 2.500, se acogerá a la llamada “movilidad”, vista como antesala del despido definitivo o la jubilación y, en este caso, retribuida con el cien por cien del sueldo en el primer año y del ochenta por ciento a partir del décimo tercer mes. Mientras tanto, los sindicatos mantendrán las movilizaciones para oponerse a la declaración de crisis de Fiat y en los próximos días llevarán a cabo manifestaciones y huelgas.
Los sindicatos confederales se han tomado muy en serio la situación y amenazan con fuertes medidas de presión, hasta el punto de que alguno de los líderes ha apuntado la posibilidad de convocar una huelga general, motivada por la especial importancia que Fiat tiene en Italia, no sólo desde el punto de vista económico, sino social. A la polémica se ha unido el primer ministro, Silvio Berlusconi, quien este sábado comentó a una de sus cadenas de televisión que lo trabajadores de Fiat afectados por el recorte pueden completar sus ingresos con alguna ocupación complementaria, incluso “no oficial”.
La alusión a un trabajo en negro ha sido contestada de manera crítica por toda la oposición de centroizquierda y por los propios sindicatos, que han acusado a Berlusconi de escasa sensibilidad social y de alentar a cometer una ilegalidad.