LD (Europa Press) De esta manera justificó Aguado la presunta permisividad con la que actuaron los dos organismos con la aerolínea al autorizar que operara vuelos de largo recorrido a 90 minutos de separación de un aeropuerto alternativo al de origen y llegada, en lugar de los 60 que estipula el reglamento de Fomento para aviones bimotor modelo ETOP'S y compañías sin experiencia.
Esta irregularidad la denunció en un informe elaborado por él mismo a principios de 2007 que el pasado mes de febrero presentó a sus superiores en Aviación Civil y ante el Ministerio de Fomento solicitando que investigaran los hechos y que ha sido incluido en la causa.
El testigo, que respondió durante 15 minutos a las preguntas del juez, afirmó que elaboró dicho informe a título "individual" y sin recibir "ningún encargo", porque dado su puesto dentro de Aviación Civil pudo tener conocimiento de datos y documentos que pensó "debía poner en conocimiento del Juzgado", según fuentes jurídicas.
"Sufría presiones de mis superiores para no decir nada que pudiera perjudicar". Así justificó el testigo el haber tardado tres meses en entregar el informe después de que el pasado mes de diciembre la propia Air Madrid clausurara su actividad ante la amenaza de Fomento de retirarle la licencia por las irregularidades de seguridad detectadas.
Según informó Marlaska a las partes, la propia Dirección General de Aviación Civil ha remitido un escrito al juez donde se opone a todo los contemplado en ese informe y califica los hechos que en él se detallan de "inciertos" y "no basados en la realidad", informaron fuentes jurídicas.
Por su parte, el abogado de Air Madrid preguntó al testigo si había participado en las inspecciones realizadas a la aerolínea, a lo que Aguado respondió negativamente y añadió que Aviación Civil se "lo impidió".
El testigo compareció ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que investiga al presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, y otros cuatro altos cargos de la aerolínea imputados por un presunto delito de estafa por continuar vendiendo billetes después de haber tomado la decisión y antes de anunciar la suspensión de actividades de la compañía.
La citación judicial se hizo pública el 3 de abril, después de que el pasado mes de diciembre el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo dictase un auto en el que se declaraba competente para investigar la denuncia presentada el día 18 de ese mes por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Air Madrid por los delitos de estafa y fraude a los consumidores. La Asociación General de Consumidores (Asgeco) también denunció a Air Madrid por estafa y está personada en la causa como acusación particular.